MARYLAND.- La organización CASA y un grupo de legisladores estatales de Maryland presentaron tres proyectos de ley destinados a fortalecer las protecciones para inmigrantes frente a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Maryland impulsa escudo legal contra ICE: tres proyectos buscan blindar espacios y datos de inmigrantes
La organización CASA y legisladores estatales unen fuerzas para crear un escudo legal que limitaría el acceso de ICE a espacios públicos y datos personales. Descubre cómo estas propuestas podrían cambiar la vida de miles.

Las propuestas legislativas responden a las recientes políticas federales que han intensificado las operaciones de ICE en espacios públicos.
Propuesta 1: Protección de Ubicaciones Sensibles
La primera iniciativa, la Ley de Protección de Ubicaciones Sensibles, introducida por la delegada estatal Jheanelle K. Wilkins, establecería restricciones para el ingreso de agentes federales en determinados espacios.
"Es la ley que indica que las escuelas, las clínicas, todos estos lugares públicos a las cuales los residentes asisten para buscar servicios sean lugares seguros", explicó Ninfa Amador, especialista legislativa de Maryland para la organización CASA.
"Esto limita el acceso a ICE a estos lugares".
Propuesta 2: Privacidad de Datos
La segunda propuesta, presentada por la legisladora Lorig Charkoudian, es la Ley de Privacidad de Datos de Maryland.
Esta medida busca regular el acceso de ICE a información personal en bases de datos estatales y locales, requiriendo una orden judicial para su consulta.
"Cualquier agencia estatal o local, ya sea cuando uno está pagando sus impuestos o cuando uno va a la clínica, también sus datos sean protegidos contra cualquier búsqueda de ICE", detalló Amador sobre los alcances de esta iniciativa.
Propuesta 3: Finalizar acuerdos de funciones de inmigración
La delegada Nicole A. Williams lidera la tercera propuesta, que busca finalizar los acuerdos existentes con el programa 287-G de ICE.
Este programa actualmente permite que fuerzas del orden público estatales y locales realicen funciones de oficiales de inmigración bajo supervisión federal.
"Actualmente vemos tres condados en los cuales está pasando esto. No usar nuestros recursos de seguridad pública para acelerar y avanzar la agenda de deportación masiva", señaló Amador.
Las dos últimas propuestas podrían entrar en vigor 90 días después de finalizada la sesión legislativa de abril, siempre que obtengan la aprobación necesaria.
La organización CASA ha iniciado una campaña para motivar a la comunidad a contactar a sus representantes estatales en apoyo a estas medidas.










