La administración del presidente Donald Trump evaluaría la implementación de una normativa que impondría multas civiles de hasta 18,000 dólares a ciertos perfiles de inmigrantes. El objetivo explícito de la Casa Blanca es impulsar la "autodeportación", creando un temor generalizado al cobro de estas elevadas sumas que desincentive también cualquier intento futuro de reingreso ilegal al país. Esta agresiva propuesta económica se suma a una atmósfera de alta tensión en las cortes del país, donde ICE ha realizado arrestos de personas en el momento exacto en que acuden a los tribunales a revisar sus casos migratorios.