Expertos legales estiman que
80,000 hogares enfrentan el riesgo de perder su ayuda de vivienda ante los
nuevos requisitos de elegibilidad. La Secretaría de Vivienda evalúa
restringir el acceso a edificios públicos basándose
en el estatus migratorio de cada integrante del grupo familiar. Especialistas recomiendan a los residentes naturalizados o con permisos de trabajo vigentes actualizar sus datos de inmediato para evitar expulsiones erróneas de sus domicilios actuales.
