Porte de armas a la vista en Florida causa confusión y dispara debate político

Autoridades y legisladores enfrentan confusión sobre cómo aplicar la norma sin poner en riesgo la seguridad.

Video Florida permite el porte abierto de armas: controversia y dudas sobre seguridad pública

TAMPA, Florida.- Un clima de confusión vive el estado luego de que un tribunal de apelaciones declarara inconstitucional una ley de 1987 que prohibía portar armas de fuego a la vista. El fallo, respaldado por el fiscal general James Uthmeier, habilita el llamado “open carry”, aunque otras normas estatales siguen imponiendo restricciones.

El caso se originó en Pensacola, donde en 2022 un hombre fue arrestado por llevar una pistola visible en una funda mientras sostenía un ejemplar de la Constitución en una intersección. Este mes, el tribunal de apelaciones del primer distrito concluyó que esa detención se basó en una ley contraria a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Tras conocerse la decisión, Uthmeier declaró que “open carry es la ley del estado”.

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La afirmación generó reacciones inmediatas. Varios alguaciles anunciaron que dejarían de detener a personas que porten armas visibles en público. Entre los más entusiastas estuvo el grupo Gun Owners of America, que desde hace años promueve una interpretación absoluta del derecho a portar armas. Sin embargo, varias autoridades locales y organizaciones a favor del control de armas advirtieron que la medida deja un vacío legal.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, aliado político del gobernador Ron DeSantis, afirmó en conferencia de prensa que la norma no significa que se pueda portar armas en cualquier lugar. “Open carry no significa open carry en todos lados. Necesitamos que la legislatura aclare y ajuste las reglas”, dijo Judd.

La ley de Florida sigue prohibiendo portar armas en escuelas, hospitales, bares, tribunales y edificios de gobierno, además de permitir que propietarios privados o negocios restrinjan el ingreso de personas armadas. El sheriff de Pinellas, Bob Gualtieri, quien presidió la comisión que investigó el tiroteo de Parkland en 2018, señaló en un comunicado conjunto con departamentos de policía de su condado que cumplirán con el fallo, pero recordaron que aún existen múltiples limitaciones. “Respetamos los derechos de la Segunda Enmienda, pero pedimos que todos sigan las leyes vigentes en Pinellas”, indicó.

Persiste la controversia en torno al porte visible de armas en Florida

En el terreno político, el representante demócrata Dan Daley, cuyo distrito colinda con Parkland, calificó la situación como un “lío acalorado”. “Este es el perro que alcanzó al coche y ahora no sabe qué hacer con él”, ironizó Daley, exfiscal y dueño de armas, al advertir que los republicanos se verán obligados a legislar para resolver la ambigüedad creada por el tribunal.

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Organizaciones a favor del control de armas también criticaron el fallo. Nick Suplina, vicepresidente de leyes y políticas de Everytown for Gun Safety, expresó que el “open carry” escalona tensiones. “Ha sido usado por extremistas como táctica de intimidación y dificulta la labor de la policía. Si más armas nos hicieran más seguros, Estados Unidos sería el país más seguro del mundo. En cambio, tenemos una tasa de homicidios por arma 26 veces mayor que la de nuestros pares”, cita The Guardian.

Incluso defensores de las armas pidieron prudencia. Sean Caranna, director ejecutivo de Florida Carry Inc., dijo al News Service of Florida: “Habrá un periodo en que los estatutos no se ajusten al fallo. Estamos aconsejando que la discreción sea la mejor parte del valor y que la gente respete las áreas donde el porte sigue prohibido”.

El criminólogo Gary Kleck, de la Florida State University, señaló al News Service of Florida que la mayoría republicana se opone a cualquier limitación en armas. “No creo que haya mucho porte abierto aunque sea legal; la gente los observa como si fueran una amenaza potencial”.

Por ahora, la legislatura de Florida no ha definido si abordará el tema en su próxima sesión, lo que prolonga la incertidumbre en un estado marcado por la tensión entre derechos constitucionales, seguridad pública y normas aún vigentes.

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