Gobierno de Trump revive política que dificulta obtener la 'green card' a inmigrantes con Medicaid o 'food stamps'

El gobierno de Donald Trump busca restringir más el uso de beneficios públicos por parte de inmigrantes en Estados Unidos, de modo que el utilizarlos podría ser un obstáculo para lograr o mantener la residencia permanente en el país, según una propuesta que publicará este miércoles el Registro Federal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) pretende derogar una política de la era del expresidente Joe Biden conocida como “carga pública” e implementar una nueva definición de la misma.

Esta reinterpretación incluye la consideración de cualquier uso de beneficio público pasado o futuro, independientemente de su duración.

Esto implica que volverá a tener en cuenta a la hora de determinar si se debe otorgar o no la green card algunos programas que estaban contemplados durante el primer mandato de Trump y que fueron después excluidos por Biden, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP o ‘cupones de alimentos’) y el seguro de Medicaid.

El National Immigration Law Center, una organización de defensa de inmigrantes de bajos ingresos, subraya que la propuesta incluye también "el uso de 'beneficios públicos sujetos a verificación de recursos', los cuales históricamente nunca se han incluido en la prueba de carga pública.

Además, destaca que USCIS "podría introducir nuevas políticas en el futuro, posiblemente a través de directrices de la agencia sin solicitar aviso ni comentarios previos".

"La derogación restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política vigente de que los extranjeros en EEUU deben ser autosuficientes y que los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración", se lee en la propuesta.

Organizaciones de defensa de inmigrantes alertaron que los nuevos motivos para determinar la inadmisibilidad de extranjeros en EEUU por carga pública no quedan nada claros con la propuesta.

También señalaron que el temor a verse perjudicados en su estatus legal futuro podría hacer que inmigrantes que necesitan estos beneficios sociales y cumplen con los requisitos para recibirlos opten por no solicitarlos.

"Esta peligrosa propuesta pone en riesgo la salud y el bienestar económico de la nación", declaró Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.

"Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal y a los ciudadanos estadounidenses de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y a las que tienen derecho según la ley federal", agregó.

“El plan regresivo del gobierno de Trump para reinstaurar una obsoleta prueba de riqueza para determinar la carga pública es un ataque más diseñado para sembrar miedo y confusión en las comunidades inmigrantes”, criticó Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio.

“La obsesión de Trump con la carga pública es terriblemente coherente con su visión de convertir a EEUU en un país donde solo tengan cabida y puedan prosperar los blancos y ricos”, dijo en un comunicado.

Pese a que funcionarios del gobierno de Trump han hecho declaraciones falsas sobre el supuesto uso fraudulento de estos beneficios por parte de inmigrantes, lo cierto es que las personas sin estatus legal no tienen acceso a SNAP ni los seguros de Medicare y Medicaid, salvo limitadas excepciones.

Los cambios sobre la inadmisibilidad de inmigrantes por carga pública durante los últimos gobiernos

La causal de inadmisibilidad por carga pública, contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite a las autoridades de inmigración negar la ciudadanía estadounidense o cambiar el estatus de personas no ciudadanas si se considera que dependen excesivamente de apoyos públicos.

En 2019, Trump amplió el alcance de los beneficios que podían considerarse una "carga pública" en el historial migratorio de una persona y, por lo tanto, dificultarles la obtención de la residencia permanente, al incluir programas como los de vivienda pública, SNAP o la mayoría de Medicaid.

Aquella medida generó un efecto disuasorio en los inmigrantes, quienes temían solicitar los beneficios a los que podrían tener acceso por miedo a consecuencias migratorias negativas, y que se agravó durante la pandemia de covid-19.

Diversos tribunales bloquearon la medida y finalmente la Corte Suprema autorizó su entrada en vigor, aunque de forma limitada y temporal mientras avanzaba la apelación.

Biden revocó la norma poco después de iniciar su gobierno para garantizar determinadas protecciones a los inmigrantes.

Trump quiere ahora revocar esta política para regresar a criterios más amplios a la hora de determinar si los inmigrantes tienen probabilidades de depender del Estado, lo que aumentaría el riesgo de denegaciones arbitrarias y la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración.

Los ciudadanos estadounidenses hijos de personas que no son ciudadanas siguen siendo elegibles para estos programas de asistencia social.

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