Mientras reportaba ingresos mínimos ante el fisco estadounidense, el empresario Jamshid Ghomi, de 63 años, presuntamente orquestaba una masiva red de contrabando tecnológico para abastecer los programas nucleares y militares de la República Islámica de Irán.
Tecnología de contrabando, millones ocultos y el aparato nuclear iraní: la doble vida de un empresario en California
Durante más de una década, Jamshid Ghomi logró mantener una doble vida que combinaba la opulencia del Condado de Orange con los secretos de Estado en Teherán
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Esta fachada colapsó de forma definitiva tras su arresto en Santa Ana, California, donde un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní y director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán fue acusado formalmente de violar las sanciones de Estados Unidos al adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes de ese régimen asiático.
Ghomi, residente de Newport Coast, enfrenta cargos federales por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, un marco legal que, junto al Reglamento sobre Transacciones y Sanciones con Irán, impone estrictos controles debido a las amenazas que dicho país representa para la seguridad nacional de Estados Unidos, su programa de armas nucleares y su patrocinio del terrorismo. Ambas normativas prohíben taxativamente la exportación o suministro directo o indirecto de bienes y servicios a Irán sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Según la denuncia, el acusado se valió de su posición como fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., una firma de redes informáticas en Teherán cuyas ventas anuales superaban los 10 millones de dólares, para adquirir de forma ilegal tecnología controlada durante más de una década sin tramitar jamás las licencias correspondientes.
Las redes de triangulación fueron claves
El modus operandi del empresario combinaba la simplicidad del comercio electrónico con redes de triangulación internacional. Entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó sus cuentas personales de eBay y PayPal para realizar cientos de compras de componentes informáticos que luego enviaba a intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos.
En 2023, negoció directamente con proveedores de Minnesota y Nebraska, canalizando los cargamentos a través de una empresa fachada en territorio de Emiratos Árabes antes de hacerlos llegar a su sede en Irán. Las autoridades estiman que solo entre 2014 y 2018, la organización contrabandeó más de 250 toneladas métricas de equipos de red utilizando agentes de carga en Dubái para ocultar el destino final.
El acusado sabía perfectamente que esta conducta era ilegal, por lo que ordenó a sus cómplices omitir las facturas reales, borrar su nombre de la documentación y esconder los dispositivos dentro de cargamentos más grandes, ignorando de manera deliberada las advertencias de restricción de las licencias de software, mientras que en su correspondencia interna se referían a Irán bajo el nombre clave de "la Madre Patria".
La investigación penal detalla que una parte muy sensible de los clientes de la empresa tecnológica correspondía directamente a los usuarios finales más restringidos de Irán. Entre 2017 y 2023, la compañía suministró equipos de redes a la Organización de Energía Atómica de Irán, la agencia estatal a cargo de los programas de centrifugación y enriquecimiento de uranio, sancionada por el Departamento de Estado en 2020 por violar sus compromisos nucleares.
Dicha entidad gubernamental incluso exigió que la firma de Ghomi se registrara formalmente como su proveedora autorizada para los años 2021 y 2022. Asimismo, entre 2014 y 2022, el negocio abasteció de tecnología de seguridad y cifrado al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, llegando a firmar un contrato explícito en 2017 con Iran Computer Industries donde constaba la cartera militar como la compradora directa de los bienes.
¿Cómo se movía el dinero?
El dinero generado por el esquema ilícito era blanqueado mediante un complejo circuito financiero internacional. Ghomi depositaba los ingresos de las ventas en una cuenta operativa de un banco iraní sujeto a sanciones y luego los transfería a su cuenta personal. En cuestión de días, el acusado recibía transferencias bancarias equivalentes en sus cuentas de Estados Unidos procedentes de diversas casas de cambio y empresas comerciales no relacionadas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, todas bajo descripciones falsas como "compra de bienes" o "honorarios de consultoría".
Bajo este método, entre 2011 y 2024 el empresario movió más de 15 millones de dólares hacia el sistema bancario estadounidense y hacia una cuenta de depósito en garantía destinada a la construcción de bienes raíces a su nombre.
La contradicción más notoria del caso reside en sus declaraciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos. Ghomi reportó los millones transferidos desde el extranjero como si fuesen una supuesta herencia y declaró prácticamente cero ingresos ordinarios ante el fisco, fijando su entrada máxima anual reportada en apenas 20.684 dólares.
Esta maniobra le permitió solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, una asistencia federal destinada a familias de bajos recursos, durante siete años fiscales diferentes. Al mismo tiempo que alegaba pobreza para recibir subsidios estatales, el empresario dedujo en sus planillas fiscales más de 1,7 millones de dólares en intereses hipotecarios y 1,25 millones de dólares en impuestos sobre bienes inmuebles.
Las ganancias de la evasión de sanciones financiaron directamente su estilo de vida en el Condado de Orange; en marzo de 2010 compró un terreno baldío en Newport Coast por 4.490.000 dólares y desembolsó 10.490.371 dólares adicionales para edificar una lujosa residencia, apalancada por transferencias extranjeras de más de 7 millones de dólares que compartían los mismos empleados y descripciones falsas que el esquema de contrabando.
Tras confirmarse su detención, el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli, remarcó que las leyes nacionales que prohíben hacer negocios con patrocinadores del terrorismo deben cumplirse rigurosamente, anticipando que buscarán una pena de prisión apropiada y la confiscación de sus bienes, incluida la mansión de Newport Beach valorada actualmente en 35 millones de dólares.
Se espera que Ghomi comparezca la tarde del 3 de junio ante el Tribunal de Distrito en Santa Ana donde, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal. Un capítulo más de la larga lista de episodios que involucran a Estados Unidos e Irán.