TAMPA, Florida.- Mientras Florida aún no aplica restricciones para la compra de refrescos, dulces u otros productos con beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las nuevas reglas que entraron en vigor este 1 de enero en otros estados han encendido el debate sobre si una política similar podría llegar al estado.
Inician restricciones de SNAP para la compra de refrescos y dulces en 5 estados: ¿Florida participa?
Florida observa los cambios en otros estados mientras crece el debate sobre limitar refrescos y dulces con beneficios SNAP.
Desde esta semana, Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y West Virginia comenzaron a limitar los alimentos que pueden adquirirse con SNAP, prohibiendo refrescos, bebidas azucaradas, dulces y, en algunos casos, ciertos alimentos preparados. Son los primeros de al menos 18 estados que han solicitado o planean solicitar exenciones federales para imponer restricciones al programa.
Aunque Florida no forma parte del primer grupo, expertos en política pública y organizaciones comunitarias advierten que el estado podría verse presionado a considerar cambios, especialmente bajo el nuevo impulso federal para restringir alimentos considerados poco saludables dentro del programa.
El SNAP es un programa clave en Florida. De acuerdo con datos federales, millones de residentes, incluyendo familias trabajadoras, adultos mayores y niños, dependen de esta ayuda para cubrir parte de sus gastos de comida. A nivel nacional, el programa atiende a 42 millones de personas y tiene un costo aproximado de 100 mil millones de dólares anuales.
Las restricciones impulsadas en otros estados cuentan con el respaldo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, como parte de la agenda “Make America Healthy Again”, enfocada en reducir enfermedades crónicas como obesidad y diabetes.
Kennedy ha señalado que el sistema actual permite que fondos públicos se usen para alimentos que contribuyen a problemas de salud, lo que, argumenta, genera costos adicionales al sistema médico.
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Preocupación en comercios y comunidades
En Florida, minoristas y defensores de beneficiarios observan con atención lo que ocurre en otros estados. La National Retail Federation ha advertido que estas restricciones pueden provocar confusión en las cajas registradoras, filas más largas y un aumento en las quejas de clientes, debido a la falta de listas claras sobre qué productos están prohibidos.
Un reporte de la National Grocers Association estima que, a nivel nacional, implementar restricciones similares podría costar a los comercios 1,600 millones de dólares en gastos iniciales y 759 millones de dólares cada año, costos que, advierten, podrían trasladarse a los consumidores.
Organizaciones contra el hambre en Florida también alertan sobre el impacto social. Sostienen que limitar productos no necesariamente mejora la alimentación y sí puede aumentar el estigma hacia quienes usan SNAP. “El problema no es solo qué se compra, sino que los alimentos saludables siguen siendo más caros y menos accesibles”, han señalado expertos en salud pública.
Desde su creación en 1964, SNAP ha permitido la compra de casi cualquier alimento para consumo humano, con excepciones como alcohol, tabaco y comidas calientes listas para comer. En el pasado, propuestas para restringir “comida chatarra” fueron rechazadas por considerarse costosas y difíciles de implementar, sin evidencia clara de beneficios en la salud.
Las exenciones actuales tendrán una vigencia de dos años, con opción de extenderse hasta cinco, y cada estado deberá evaluar su impacto. Mientras tanto, en Florida, el debate sigue abierto sobre si estas medidas llegarán y cómo afectarían a millones de residentes que dependen del programa para alimentarse.










