TAMPA, Florida.- El fiscal general James Uthmeier advirtió que podría impulsar la destitución de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, al considerar que hay políticas del departamento de policía de la ciudad violando la ley estatal que prohíbe las llamadas “ciudades santuario”.
Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias policiales
El fiscal general del estado acusa a la ciudad de aplicar prácticas que limitarían la cooperación con autoridades migratorias federales. La alcaldesa sostiene que las políticas buscan mantener la confianza entre la policía y la comunidad.
Video Fiscal de Florida amenaza con destituir a la alcaldesa de Tampa por políticas migratorias policiales
Según una carta enviada por la oficina del fiscal general, las normas internas del Departamento de Policía de Tampa limitarían la cooperación de los agentes con autoridades federales de inmigración. Uthmeier sostiene que esas directrices podrían contradecir la legislación estatal que exige a los gobiernos locales colaborar con la aplicación de las leyes migratorias.
En la carta, el fiscal general señala que las políticas del departamento impedirían que los agentes compartan información migratoria sobre víctimas o testigos de delitos, además de restringir la participación en ciertos operativos de control migratorio. Para el estado, estas prácticas podrían constituir una forma de política santuario, prohibida por la ley de Florida.
El funcionario dio a la ciudad un plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para revisar o modificar esas políticas. De no hacerlo, advirtió que el estado podría iniciar acciones legales que incluirían sanciones civiles y la posible remoción de la alcaldesa del cargo por parte del gobernador.
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Debate sobre cooperación migratoria entre el estado y Tampa
La alcaldesa Castor respondió que su administración revisará las preocupaciones planteadas por el estado para asegurarse de que las políticas locales cumplan con la legislación vigente.
Sin embargo, defendió el enfoque del departamento de policía al señalar que las directrices buscan mantener la confianza entre las autoridades y los residentes de la comunidad, incluidos inmigrantes que podrían ser víctimas o testigos de delitos.
La alcaldesa también señaló que el departamento participa en el programa federal 287(g), que permite a agencias policiales locales colaborar con autoridades federales de inmigración.
El caso es una nueva confrontación entre el gobierno estatal y autoridades locales sobre la forma en que las agencias policiales deben cooperar con las autoridades migratorias federales en Florida.
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