Existe mucho temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante y las personas que obtuvieron su permiso de conducción bajo la ley AB-60, o identificación para indocumentados, pues el Gobierno Federal podría acceder a sus datos para posibles deportaciones. No obstante, según expertos, la información de los centros estatales es privada y las licencias de conducción son un beneficio estatal y no federal, por lo que el presidente no puede revocarlas.