Atlanta.- A seis años de las elecciones presidenciales de 2020 entre Joe Biden y Donald Trump, el actual presidente sigue asegurando que le robaron la elección en un supuesto fraude. Ahora, ha involucrado al Departamento de Justicia para obtener los nombres y datos de todas las personas que trabajaron en el proceso electoral en el condado de Fulton, Georgia, una zona clave donde Biden ganó por más de 11 mil votos.
Departamento de Justicia pide listas de empleados y voluntarios electorales de 2020 en Fulton, Georgia
El Departamento de Justicia busca obtener nombres y datos de trabajadores electorales que participaron en las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, mientras Trump sigue insistiendo en fraude electoral en la contienda contra Joe Biden.
El presidente Donald Trump.
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En respuesta, de acuerdo con AP, l os abogados del condado presentaron el lunes por la noche una solicitud para bloquear una orden judicial que exige los nombres y datos de contacto de empleados del condado y voluntarios que trabajaron en las elecciones, luego de que el FBI confiscara en enero boletas y otros documentos electorales de 2020 en una bodega del condado de Fulton.
Los resultados oficiales certificados en Georgia muestran que Trump perdió ese estado frente a Biden por 11,779 votos, de casi 5 millones emitidos; a pesar de ello, Trump sigue afirmando que le robaron las elecciones de 2020, aunque jueces y hasta su propio fiscal general concluyeron lo contrario.
En el documento presentado ante la corte el lunes, los abogados del condado aseguran que la orden busca “atacar, acosar y castigar a quienes el presidente considera sus opositores políticos”.
También argumentan que la petición es “excesivamente amplia y sin ninguna necesidad razonable que la justifique”, sobre todo en un momento en el que los responsables electorales de todo el país comienzan a prepararse para las elecciones legislativas de 2026, en las que Trump enfrenta dificultades para ayudar a su partido a mantener el control del Congreso.
Trump ha insistido durante mucho tiempo en que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, a pesar de que jueces de todo el país y su propio fiscal general afirmaron no haber encontrado pruebas de irregularidades generalizadas que inclinaran la balanza a favor del demócrata Joe Biden.
En marzo, el FBI utilizó una orden judicial para conseguir documentos relacionados con una auditoría de las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Maricopa, Arizona.
Después, en abril, el Departamento de Justicia exigió al condado de Wayne, en Michigan, entregar las boletas de las elecciones de 2024, en las que Trump derrotó a Kamala Harris, entonces vicepresidenta de Joe Biden.
Además, el Departamento de Justicia mantiene batallas legales contra varios estados para acceder a datos de votantes que contienen información personal sensible.
Funcionarios electorales, incluidos algunos republicanos, han advertido que entregar esa información podría violar leyes estatales y federales de privacidad, ya que la Constitución otorga a los estados la autoridad para administrar elecciones y las leyes federales protegen la información personal de los votantes.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para obtener datos de votantes e información electoral de distintos estados a través de solicitudes en cartas, correos electrónicos y llamadas para conseguir registros relacionados con las elecciones en al menos 19 estados.
AP señaló además que esto refleja un cambio en el papel del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump. Históricamente, la agencia se enfocaba en proteger el acceso al voto, pero ahora ha centrado esfuerzos en investigar fraude electoral y votación de personas no ciudadanas.
Estas acciones formarían parte de un esfuerzo más amplio de la administración para investigar elecciones pasadas e influir en las elecciones legislativas de 2026.