TAMPA, Florida.- La alcaldesa de Jane Castor anunció que la ciudad revisó una política interna del Departamento de Policía de Tampa luego de recibir una advertencia del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien cuestionó si la norma podría violar la ley estatal que prohíbe las llamadas “políticas santuario”.
Alcaldesa de Tampa corrige política policial tras presión del fiscal general de Florida
La alcaldesa Jane Castor modificó el lenguaje de una política del Departamento de Policía de Tampa tras una advertencia del fiscal general de Florida, quien cuestionó posibles restricciones a la cooperación con autoridades migratorias federales.
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En una carta enviada al estado, la alcaldesa explicó que el lenguaje señalado fue modificado y que la versión actualizada de la política fue distribuida a los oficiales del departamento. Según Castor, la ciudad no tiene intención de incumplir la legislación estatal ni federal relacionada con la cooperación en materia migratoria.
La controversia surgió después de que la oficina del fiscal general enviara una notificación a la ciudad señalando que una disposición del Departamento de Policía de Tampa podría limitar el intercambio de información con autoridades federales de inmigración. La carta advertía que, de no corregirse la política antes de una fecha límite establecida por el estado, la ciudad podría enfrentar sanciones civiles.
En su respuesta, Castor indicó que el cambio elimina el lenguaje cuestionado y aclara que la política del departamento se apega a los estatutos de Florida que regulan la cooperación con autoridades migratorias.
Entre las disposiciones legales citadas por la ciudad se encuentra la ley estatal que permite a los cuerpos policiales no compartir información migratoria sobre víctimas o testigos de delitos cuando estas personas cooperan con una investigación o su testimonio es necesario para el caso. También establece que una persona no puede ser detenida únicamente por una solicitud migratoria si se trata de una víctima o testigo de un crimen.
Funcionarios municipales han señalado que la política original buscaba mantener la confianza de las comunidades inmigrantes para que denuncien delitos y cooperen con las autoridades sin temor a consecuencias migratorias.
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Tampa mantiene cooperación con autoridades migratorias
La alcaldesa también subrayó que el Departamento de Policía de Tampa continúa colaborando con el gobierno federal a través del programa 287(g), que permite a agencias locales trabajar con autoridades migratorias en determinadas funciones.
De acuerdo con la ciudad, el departamento cuenta actualmente con seis oficiales y dos supervisores asignados a ese programa.
La ley de Florida exige la participación en el programa 287(g) en las cárceles de los 67 condados del estado, aunque la participación de departamentos de policía municipales no es obligatoria.
La disputa ocurre en el contexto de la ley estatal de Florida que prohíbe las llamadas “políticas santuario”. El capítulo 908 de los estatutos de Florida establece que las agencias policiales estatales y locales deben hacer “ sus mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración” y prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas que restrinjan el intercambio de información sobre el estatus migratorio con autoridades federales.
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