“Voy a vender cada pedacito de esta casa”: así lucha una familia tras detención de padre por ICE en Georgia

En la sala no hay muebles en desorden ni cajas listas para mudanza. Hay objetos con precio. Una cuna, electrodomésticos, herramientas, ropa. Todo está en venta. Francia Conde camina por la casa, revisa, toma fotos y responde mensajes.

“A veces son las 12:00 de la noche, la 1:00 de la mañana, y yo estoy buscando en cada rinconcito de mi casa y digo: oye, esto se va y esto se va”, dice mientras calcula cuánto más puede reunir. No es una mudanza. Es una carrera contra el tiempo.

El 19 de febrero, en su vivienda, agentes de inmigración detuvieron a su esposo, Euro Ortega García. Desde ese día permanece bajo custodia en el centro de detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, uno de los más grandes del sistema migratorio en Estados Unidos, con una población que en febrero de 2026 rondaba las 2.000 personas, de acuerdo con registros de TRAC y organizaciones de monitoreo. Su caso migratorio, según su familia, lleva casi ocho años sin resolverse.

“Cuando ellos llegaron aquí le dijeron: ‘te vamos a llevar porque no tienes un estatus legal’”, relata Conde. “Yo le saqué un proceso hace ocho años”.

Desde entonces, la rutina cambió. Mientras trabaja como repartidora, responde llamadas de abogados, negocia ventas por internet y revisa mensajes en su teléfono. “Estoy manejando y estoy llamando abogado, estoy manejando y estoy respondiendo por Marketplace”, cuenta. El objetivo es uno: reunir dinero.

Los costos legales

En Georgia, una audiencia de fianza puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares en honorarios, mientras que un proceso completo de defensa contra la deportación puede superar los 10.000 dólares, según estimaciones de firmas legales y organizaciones de apoyo a migrantes. En casos complejos, esa cifra puede llegar a 15.000 dólares o más.

Conde no tiene ese dinero. Por eso vende lo que encuentra.

“Ese está nuevo. Se le pueden ver los sellos. O sea, esto también está nuevo”, dice mientras muestra uno de los objetos que planea ofrecer. Luego resume su decisión en una frase: “Voy a vender cada pedacito de esta casa o cada pedacito de nosotros para poder recaudar más dinero”.

En paralelo, la vida familiar sigue pasando por momentos difíciles. Su hija, ciudadana estadounidense, cumplió cinco años una semana antes de la detención. Ahora pregunta por su padre cada noche. “Me dice: ‘mamá, te puedo decir un secreto… extraño mucho a mi papá’. Eso, como madre, me parte”, cuenta.

La niña lo repite frente a una foto: “Ese es mi papá”.

Aumento en las detenciones

En Georgia, más de 8.500 personas fueron arrestadas entre enero y octubre de 2025, lo que posicionó al estado como uno de los principales focos de detenciones en el país.

Los datos muestran además un patrón: cerca del 73% de los detenidos no tiene antecedentes penales, según análisis del Deportation Data Project y TRAC. En muchos casos, el proceso se centra exclusivamente en el estatus migratorio.

En el caso de Ortega García, su esposa asegura que no tenía una orden de deportación previa y que su proceso seguía pendiente. Esa condición puede abrir la puerta a solicitar una audiencia de fianza, lo que permitiría enfrentar el caso en libertad mientras avanza en tribunales. Sin embargo, esa opción depende de la estrategia legal y de la capacidad de pagar representación.

Ahí es donde se concentra la presión. “Una casa no me define, me define mi familia, mi estabilidad”, dice Conde. “Si tengo que venderla, la vendo”.

La estrategia legal también puede incluir solicitudes de discreción procesal o argumentos humanitarios, especialmente cuando hay hijos ciudadanos involucrados. Pero cada paso requiere asesoría especializada y recursos económicos. Sin abogado, las probabilidades de éxito disminuyen.

Mientras tanto, el centro Stewart sigue operando cerca o por encima de su capacidad. Informes de organizaciones como Detention Watch Network han señalado problemas recurrentes en servicios básicos y condiciones de detención en esa instalación, que es administrada por una empresa privada y concentra a migrantes de distintos estados del sureste.

Para las familias, la distancia también pesa. Lumpkin queda a más de dos horas de Atlanta. Las visitas, las llamadas y la coordinación legal implican tiempo y dinero adicional.

Redes de apoyo para migrantes

En ese escenario, redes de apoyo intentan llenar vacíos. Organizaciones como Georgia Asylum and Immigration Network (GAIN), El Refugio o iniciativas legales del Southern Poverty Law Center ofrecen asesoría gratuita o de bajo costo. También existen fondos comunitarios y préstamos diseñados para cubrir gastos legales. Aun así, la demanda supera la oferta.

Conde dice que ha buscado apoyo, pero el proceso avanza más rápido que las respuestas.

“No tengo una fórmula”, afirma. “Solo sé que saco fuerzas y miro arriba y le digo: no es con mis fuerzas”.

Cada día repite la misma rutina: trabajar, vender, llamar, insistir. Revisa objetos, calcula precios, responde interesados. La casa se transforma en inventario. “Ahora mismo todo lo que hago tiene un solo objetivo”, dice. “Recaudar lo mayor posible”.

Su esposo sigue detenido y su proceso continúa sin una decisión final. Mientras tanto, en la casa, cada objeto que queda aún no tiene precio. Pero puede tenerlo.

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