Nuevas medidas judiciales agilizan la expulsión de extranjeros, pues los agentes migratorios ya pueden aplicar la deportación expedita en cualquier punto del territorio nacional, eliminando el derecho a un juicio migratorio para los indocumentados. Paralelamente, los residentes permanentes pierden protección, ya que el gobierno puede procesar su salida del país ante la sola sospecha de un delito.

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