Las ciudades que bloqueen a ICE podrían perder fondos para la policía y para kits de violación, según el DOJ

El fiscal de la ciudad de Fresno, Andrew Janz, se enfureció al enterarse de que el gobierno de Trump está amenazando con retener fondos de subvenciones que la ciudad utiliza para ayudar a procesar a los violadores, todo porque la ciudad de California fue considerada un refugio para inmigrantes.

"La justicia para las víctimas no debería politizarse. No tiene nada que ver con el cumplimiento de las leyes de inmigración", dijo Janz a USA TODAY.

Este es el último ejemplo de la promesa del gobierno de Trump de retener fondos a las ciudades que denomina " jurisdicciones santuario". Presiona a las ciudades para que firmen acuerdos de cooperación con los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con la herramienta más poderosa a su disposición: el dinero.

No habrá fondos federales para chalecos antibalas para los policías en Santa Cruz, California, alegó la ciudad en una demanda. Tampoco ambulancias para los paramédicos en Beaverton, Oregón. Y ahora, tampoco dinero para que los departamentos de policía procesen los kits de violación en Fresno, ya que el gobierno amenaza con retener subvenciones federales para servicios críticos a las ciudades que no firmen acuerdos para trabajar con ICE.

Las ciudades se enfrentan a una difícil elección: renunciar al dinero federal, firmar los acuerdos con ICE o luchar contra el Departamento de Justicia (DOJ) en los tribunales.

Janz está listo para demandar. Fresno ya ha acudido a los tribunales por otras subvenciones congeladas debido a la campaña del gobierno contra la diversidad, la equidad y la inclusión.

"El DOJ envió un disparo de advertencia, nosotros respondimos con otro", dijo Janz.

El condado de Los Ángeles dijo que está renunciando a muchas oportunidades de subvenciones federales. Miami se enfrenta a la reacción violenta de los residentes después de que los líderes de la ciudad se sumaran al programa de ICE. Y otras ciudades, desde Seattle hasta San Diego, están iniciando sus propias batallas legales.

En octubre, el DOJ nombró a 12 estados, 18 ciudades y tres condados que, según dijo, "impiden materialmente el cumplimiento de los estatutos federales de inmigración". En general, muchas de esas localidades se niegan a compartir información con ICE, a retener a personas para ICE o a permitir que los agentes entren en sus cárceles.

Un juez federal de California asestó un golpe al gobierno de Trump el 9 de julio al dictaminar que el gobierno federal no podía retener las subvenciones de seguridad pública a las ciudades de Oregón y California. Otra batalla se está gestando sobre los kits de pruebas de agresión sexual.

El juez William Orrick escribió en un fallo de 68 páginas que Trump se extralimitó y estuvo de acuerdo con Fresno y otras siete ciudades en que las condiciones vinculadas a la subvención "no tienen nada que ver con el propósito del Congreso o lo contradicen".

Orrick escribió que el público tiene un interés legítimo en "ver que sus comunidades reciban financiamiento para infraestructura crítica e iniciativas de seguridad pública, financiamiento que se paga con los dólares de sus impuestos federales".

El mismo juez dictaminó el año pasado que Trump no podía negar financiamiento a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades por la falta de cooperación en el cumplimiento de las leyes de inmigración. Hizo lo mismo en 2017 durante el primer mandato de Trump.

Policías y bomberos suplican por financiamiento

Los oficiales de policía en Corvallis, Oregón, dependen del blindaje corporal financiado por el Departamento de Justicia, según declaró el jefe de policía de Corvallis, Jason Harvey, ante un tribunal federal en un expediente legal de mayo. Sin ese dinero, unos 27,000 dólares en los últimos dos años, sus oficiales se exponen a un peligro innecesario.

"Dicha pérdida pone en riesgo la seguridad de los oficiales y reduce su capacidad para proteger eficazmente a los residentes de la ciudad", escribió Harvey en un expediente legal.

El departamento de bomberos de la ciudad también sufriría sin el financiamiento federal. El servicio de ambulancias de Corvallis tardaría más en responder a las llamadas al 911, poniendo en peligro la vida de los residentes, escribió el jefe de bomberos de la ciudad, Ben Janes.

En Santa Cruz, California, las subvenciones de FEMA, las subvenciones para la vigilancia policial y un proyecto de suministro de agua para crear resiliencia ante la sequía están en peligro si el gobierno sigue amenazando con retener los fondos, escribió la directora de finanzas de la ciudad, Elizabeth Cabell. Pintó un panorama desolador: despidos de empleados municipales y recortes en los servicios básicos de la ciudad, como el suministro confiable de agua y la preparación de la ciudad contra desastres naturales como incendios forestales y terremotos.

"No saber si Santa Cruz recibirá su financiamiento federal pone en duda las operaciones de al menos cuatro departamentos de la ciudad", escribió Cabell. "La incertidumbre sobre el financiamiento federal significa que la ciudad no puede saber si operar, pausar o cancelar sus programas".

Los kits de agresión sexual podrían ser la próxima prueba legal

El año pasado, el presidente firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales suspender las subvenciones a los estados y ciudades que no cooperen con los funcionarios de inmigración. Eso incluyó subvenciones para pagar el procesamiento de los kits de violación utilizados para condenar a delincuentes sexuales infantiles en Fresno.

Janz, un fiscal de carrera cuya oficina presentó más de 30 casos contra presuntos violadores con el dinero federal solo en Fresno, dijo que las víctimas son las que sufren.

Los líderes en esta lucha afirman que la Iniciativa de Kits de Agresión Sexual de 350 millones de dólares —pagada con subvenciones federales— es una herramienta comprobada para combatir el crimen que no tiene vínculos con ICE ni con la controvertida detención o el intercambio de datos entre funcionarios locales y federales.

Incluso con esa inversión, el programa era imperfecto. Una investigación de USA TODAY de 2024 mostró que los departamentos tenían protocolos deficientes y eran lentos para armar los casos y lograr justicia para las víctimas de violación. Ahora, el programa podría verse aún más ahogado por la retención de fondos del gobierno de Trump.

Algunos de esos lugares todavía tienen retrasos acumulados en los kits de violación. Contienen pruebas forenses que aún esperan ser analizadas e introducidas en una base de datos nacional de ADN para buscar coincidencias con otras violaciones y delitos graves. Más de 21 localidades que inicialmente recibieron subvenciones para analizar kits de violación son consideradas ahora "jurisdicciones santuario".

Fresno está en medio del uso de su subvención de 2 millones de dólares para analizar un lote de 400 kits de violación. Eso ahora corre el riesgo de ser retirado, dijo Janz.

Los administradores de subvenciones del DOJ enviaron una nota a Fresno en junio, señalando que la ciudad no había firmado una certificación que dijera que cooperaría con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE o correría el riesgo de perder el dinero. El DOJ quería asegurarse de que no fuera un descuido.

Janz dijo que la situación pone a la ciudad en un aprieto: la ley estatal prohíbe compartir ese tipo de información, y el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito ha confirmado la constitucionalidad de la ley.

"Este es un mal momento para que retengan las pruebas para las víctimas de agresión sexual", dijo Janz. "Esto es evidente. Ayudemos a estas víctimas a obtener justicia".

Janz envió al DOJ una respuesta a su advertencia: no hubo ningún error; la ciudad no ayudará a ICE. Dijo que su carta es probablemente el paso final antes de que la situación llegue a los tribunales.

El DOJ se negó a responder preguntas sobre el futuro de la subvención de Fresno.

"Los solicitantes deben presentar una certificación de que cumplirán con la ley federal", escribió el portavoz del DOJ, Wyn Hornbuckle, a USA TODAY en un correo electrónico.

Fresno hizo un buen uso del dinero de las subvenciones anteriores. Analizó más de 2,500 kits rezagados, financió 33 casos nuevos y condenó a cuatro personas por violación.

El progreso, amenazado por una política "repugnante"

Los líderes de la Fundación Joyful Heart se mostraron indignados por las amenazas de financiamiento. Ellos abogaron por el financiamiento de los kits de violación en 2015 bajo el mandato del expresidente Obama, cuando se revelaron los retrasos acumulados.

Argumentaron que el retorno de la inversión para analizar los kits de violación está comprobado. Estudios de Virginia Occidental y Ohio muestran que la capacidad de vincular violaciones a través de las fronteras con un solo criminal previene otros delitos y puede ahorrar millones a las comunidades.

"Negarle a una ciudad el financiamiento para analizar los kits de violación es erróneo cuando el objetivo declarado es sacar a los delincuentes peligrosos de las calles", afirmó Ilse Knecht, directora de política y defensa de la organización. "Los violadores suelen ser violadores en serie. No son especialistas y no se detienen hasta que los detienen. Ya sea en un estado republicano o demócrata, estos tipos se mueven de un lado a otro".

Knecht dijo que sabotear un programa de agresión sexual eficaz y rentable es "repugnante". Señaló las condenas en todo el país que surgieron del programa de pruebas de agresión sexual.

La semana pasada, la policía de Dallas anunció el arresto de Jarvis Pierce, de 35 años, utilizando pruebas de ADN del programa federal. Está acusado de una violación de un caso cerrado hace más de 10 años.

Los Ángeles y Portland adoptan enfoques diferentes

Otras ciudades de la costa oeste han demandado al gobierno por restricciones similares en las subvenciones del DOJ relacionadas con el lenguaje de "diversidad, equidad e inclusión" y el cumplimiento de las leyes de inmigración.

El jefe administrativo del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Navjot Kaur, —cuya oficina representa a 10 millones de residentes— escribió en un expediente legal que se vio obligado a no solicitar financiamiento federal para analizar los kits de violación debido a la clasificación de jurisdicción santuario. A los administradores les preocupa que el retraso acumulado del condado en los kits de violación no enviados aumente y que los servicios a las víctimas se retrasen.

Portland, Oregón, tiene 8.6 millones de dólares en subvenciones activas del DOJ, incluidos 2.5 millones para casos cerrados y kits de agresión sexual.

La ciudad ayudó a eliminar el retraso acumulado del estado de miles de kits olvidados y no analizados en 2018 con financiamiento federal. Los kits continuaron acumulándose y, en 2024, el retraso acumulado del estado regresó. La policía de Portland esperaba ocho meses para que se analizaran los kits y tiene cientos en fila.

Sin el financiamiento, escribió el administrador de la ciudad, Raymond Lee, en un expediente, los programas se verían "significativamente reducidos o eliminados".

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.