El fusilamiento de Nidal Hasan podría poner a EEUU junto a Irán y Afganistán: los países donde se realizan ejecuciones públicas

El fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmilitar estadounidense condenado por matar a 13 personas en la base de Fort Hood, Texas, podría colocar a Estados Unidos en el centro de una controversia internacional: la transmisión pública de una ejecución judicial.

El Ejército estadounidense programó la muerte del exmayor y psiquiatra para el 3 de diciembre de 2026. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el 8 de octubre que la ejecución se transmitiría por internet.

La propuesta provocó críticas de organizaciones de derechos humanos, representantes políticos y organismos internacionales, que cuestionaron la posibilidad de convertir una pena capital en un espectáculo público. Dos días después, Trump dijo que él tomaría la decisión definitiva sobre la transmisión.

El caso es excepcional porque, aunque decenas de países mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, las ejecuciones judiciales públicas documentadas recientemente se concentran en un número mucho más reducido de naciones.

De acuerdo con el informe "Condenas a muerte y ejecuciones en 2025", de Amnistía Internacional, durante ese año se documentaron al menos 17 ejecuciones públicas: 11 en Irán y 6 en Afganistán. Si el gobierno estadounidense concreta la transmisión de la ejecución de Hasan, sería un caso extraordinario en el panorama internacional contemporáneo.

Nidal Malik Hasan era mayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego en las instalaciones médicas de la base militar de Fort Hood, en Texas. El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas.

¿En cuántos países existe la pena de muerte y cuáles la han abolido?

La pena de muerte continúa vigente en 54 países y territorios para delitos comunes, de acuerdo con la clasificación de Amnistía Internacional al cierre de 2025. Sin embargo, conservarla en la legislación no significa necesariamente que las autoridades la utilicen ni que todas las ejecuciones se realicen públicamente.

La organización divide a los países en cuatro categorías:

1. Abolicionistas para todos los delitos: 113 países habían eliminado legalmente la pena de muerte para cualquier delito al cierre de 2025.
2. Abolicionistas para delitos comunes: nueve países la conservaban únicamente para circunstancias excepcionales, como ciertos delitos militares.
3. Abolicionistas en la práctica: 23 países mantenían la pena capital en sus leyes, pero llevaban al menos diez años sin ejecutar a nadie y cumplían los criterios de Amnistía Internacional para esta clasificación.
4. Retencionistas: 54 países y territorios conservaban la pena de muerte para delitos comunes.

En total, 145 países y territorios habían abolido la pena capital en la legislación o en la práctica al finalizar 2025. Esto significa que la mayoría de los países del mundo ya no la aplica, aunque las categorías legales y las prácticas reales varían.

Estados Unidos pertenece al grupo de países retencionistas. La pena de muerte continúa vigente en el sistema federal, en el sistema militar y en parte de los estados, aunque otros estados estadounidenses la han abolido.

El informe mundial de Amnistía Internacional registró al menos 2 707 ejecuciones en 17 países durante 2025, un aumento de 78% respecto de las 1 518 documentadas en 2024. La cifra no incluye los miles de casos que la organización considera que pudieron ocurrir en China, donde estos datos son secreto de Estado.

Irán y Afganistán, los países donde se documentaron ejecuciones públicas en 2025

Irán y Afganistán fueron los dos países donde Amnistía Internacional documentó ejecuciones judiciales públicas durante 2025. En su informe anual, la organización registró al menos 11 casos en Irán y 6 en Afganistán.

En Irán, las ejecuciones públicas forman parte de una práctica que las autoridades han mantenido en determinados casos. El país también encabezó las cifras mundiales de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en 2025, con al menos 2 159 personas ejecutadas, de las cuales 11 fueron públicas.

En Afganistán, el gobierno de facto de los talibanes también ha recurrido a ejecuciones públicas. Algunos de estos procedimientos se han realizado en estadios y ante espectadores, después de condenas dictadas por tribunales afganos bajo el régimen talibán.

¿Qué dicen Amnistía Internacional y la ONU sobre las ejecuciones públicas?

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente del delito cometido, de la culpabilidad de la persona condenada o del método utilizado por el Estado. La organización considera que la pena capital vulnera el derecho a la vida y constituye un castigo cruel, inhumano y degradante.

Tras el anuncio de la posible transmisión del fusilamiento de Hasan, Justin Mazzola, subdirector de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, advirtió que exhibir la muerte en directo agravaría la crueldad de la pena capital.

"Transmitir en vivo la privación de una vida mediante un pelotón de fusilamiento solo agravaría la crueldad de la pena de muerte y perpetuaría el ciclo de violencia que las autoridades supuestamente buscan poner fin", sostuvo Mazzola en una declaración publicada el 9 de octubre.

La organización también señaló que los organismos internacionales de derechos humanos han considerado que las ejecuciones públicas son incompatibles con la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas también cuestionó la propuesta estadounidense. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, calificó de "aborrecible" la idea de transmitir la ejecución en vivo. La ONU advirtió sobre las implicaciones de derechos humanos y la posibilidad de que la práctica entre en conflicto con la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La crítica internacional no se limita a un método específico. La horca, la inyección letal, el fusilamiento, la decapitación, la asfixia con nitrógeno y la silla eléctrica son métodos distintos, pero el debate se centra en los derechos humanos, el sufrimiento que pueden provocar y la exhibición pública de la muerte.