Un grupo de abogados de dos organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda colectiva para solicitar una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar para frenar partes de la Ley SB 4 de Texas que entra en vigor el 15 de mayo.
Partes de la Ley SB 4 de Texas entran en vigor el 15 de mayo: grupos buscan frenarlo por ser "una de las leyes antiinmigrantes más extremas"
Los grupos demandaron la Ley S.B. 4 de Texas, liberada por la corte de Apelaciones del 5to. Circuito, que faculta a las policías locales arrestar a extranjeros que se supone entraron ilegalmente a EEUU. Demandantes alegan que esa función sólo compete al gobierno federal.
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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas tratan de detener la vigencia de partes clave de la legislación aprobada en 2023, que autoriza a las policías locales detener y deportar personas sobre las cuales se sospecha entraron ilegalmente a Estados Unidos.
“Varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4 (S.B. 4, 88-4) entran en vigor el 15 de mayo. Esta ley de 2023 es una de las leyes antiinmigrantes más extremas jamás aprobadas por una legislatura estatal en el país”, dijo la ACLU en un comunicado.
Los demandantes explican que la demanda busca impedir que entren en vigor cuatro disposiciones diferentes de la SB 4, entre ellas:
- El delito de reingreso, que se aplicaría a cualquier persona que resida o transite por Texas y que haya reingresado a Estados Unidos sin autorización federal, incluso si dicha persona contaba con permiso federal para reingresar o ha obtenido posteriormente un estatus migratorio legal, como la tarjeta de residencia permanente (green card);
- La facultad otorgada a los magistrados —quienes desconocen las complejidades de la ley de inmigración— para emitir órdenes de deportación;
- El delito de incumplimiento de las órdenes de expulsión emitidas por el magistrado;
- El requisito de que los magistrados continúen con el procesamiento judicial incluso cuando la persona tenga un caso de inmigración pendiente bajo la ley federal.
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Corte de Apelaciones dio luz verde
A finales de abril la Corte de apelaciones del 5º Circuito, de corte conservadora, dio luz verde a Texas para implementar la SB 4, aprobada en 2023 y puesta en pausa por trun tribunal inferior. La sentencia permitió a la policía de Texas arrestar a personas sospechosas de entrar ilegalmente al país, señalando que los demandantes carecían de legitimación activa para impugnar el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4)”.
La decisión (10 votos a favor y 7 en contra), establece que los demandantes “incurrieron voluntariamente en gastos para defender a sus clientes. Según los precedentes recientes de la Corte Suprema, esto dista mucho de conferir legitimación activa. Por la presente, dejamos sin efecto la orden judicial preliminar que dictaminaba lo contrario”.
El fallo fue celebrado por el fiscal general de Texas Ken Paxton, quien aseguró que la SB 4 “es una ley estatal que protege a los tejanos al tipificar como delitos estatales conductas que replican los delitos federales de inmigración, con el fin de prohibir la entrada y reentrada ilegal”.
La oficina del funcionario dijo además que “esto faculta a la policía estatal para arrestar a personas en situación ilegal que hayan violado las leyes de inmigración de nuestra nación”.
“Mi oficina ha conseguido otra gran victoria para Texas al defender la SB 4 ante el Quinto Circuito”, precisó. “El derecho de Texas a arrestar a personas en situación ilegal, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir las leyes de inmigración es fundamental. Esta es una victoria trascendental para la seguridad pública y para la ley y el orden”, apuntó.
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Seria advertencia de demandantes
Entre los festejos de Paxton por el fallo de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, los defensores de los derechos civiles que encabezan la demanda han advertido que “esta ley separará a las familias y conducirá directamente a la elaboración de perfiles raciales, sometiendo a miles de tejanos negros y latinos al sistema penitenciario estatal, el cual está plagado de abusos contra los derechos civiles”.
Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, dijo que “la SB 4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración, amenazando a vecinos que tienen familias aquí, que han vivido aquí durante años e incluso a aquellos que poseen estatus legal”.
“La aplicación de las leyes de inmigración es un ámbito exclusivo del gobierno federal y ningún estado ha reclamado jamás el poder que Texas amenaza con ejercer en este caso. Volvemos a los tribunales para defender a nuestras comunidades tejanas”, agregó.
Los demandantes individuales que participan en esta demanda colectiva buscan representar a miles de personas en todo el estado que podrían ser consideradas responsables de violar la disposición sobre el reingreso establecida en la SB 4. Uno de los demandantes se trata de un residente permanente legal. Una segunda demandante ha obtenido la aprobación para recibir una Visa U, un beneficio para víctimas de violencia que incluye un camino hacia la ciudadanía por naturalización.
Este beneficio le fue concedido tras haber sido víctima de un delito y haber colaborado con las autoridades policiales para resolver el caso, detalla un informe de la ACLU.
“Todos los tribunales que han entrado a analizar el fondo de leyes como la S.B. 4 han dictaminado que son inconstitucionales”, dijo Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La SB 4 es cruel e ilegal, y seguiremos luchando contra ella hasta que sea anulada de forma permanente”, indicó.
Por su parte, Kate Gibson Kumar, abogada del programa Beyond Borders del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Texas Civil Rights Project), dijo que “esta nueva demanda busca subsanar las objeciones de carácter procesal planteadas por el 5º Circuito” y que “nuestra lucha contra la SB 4 no terminará hasta que triunfe la justicia”.
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Postura de la Corte Suprema
En marzo de 2024 la Corte Suprema de Justicia había bloqueado temporalmente la S.B.4 de Texas. La decisión de emergencia se produjo tras petición del Departamento de Justicia después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la decisión del juez de distrito David Ezra de bloquear la aplicación de la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia dijo en esa ocasión a la Corte Suprema que la ley alteraría profundamente "el statu quo que ha existido entre Estados unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años".
Previo, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito había fallado a favor del estado de Texas y le otorgó una suspensión temporal del fallo del juez David Ezra, quien el 29 de febrero de ese año había fallado que la ley SB 4, aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador Abbott, no podía entrar en vigor en la fecha prevista. “Si se permite que proceda, la SB4 podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”, escribió el juez.
En junio del 2023 la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 8-1, permitió que el gobierno de Joe Biden mantenga vigente las prioridades de deportación y reiteró que las autoridades federales tienen la competencia exclusiva sobre la política de inmigración.