FEI no presentará cargos cargos criminales por el caso del chat de Telegram

Tras un extenso proceso investigativo que incluyó entrevistas a 24 testigos, los Fiscales Especiales Independientes, Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz no pudieron encontrar el quantum de prueba, ni Ia intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del Chat de Telegram.

El Panel del FEI, atendiendo el precepto de total independencia que le confiere la Ley 2-1988 respecto al trabajo de los fiscales, tomó conocimiento de su determinación de remitir a la Oficina de Ética Gubernamental el resultado de la investigación para la consideración de estos, a la luz de la Ley de la OEG.

Los fiscales especiales también decidieron referir al licenciado Elías Sánchez Sifonte a la Oficina del Procurador General, ante la posible infracción de los Cánones 28 y 38 del Código de Etica de la Profesion de Abogados, por su intervención en un asunto gubernamental.

Ante lo expuesto, el Panel ordenó que Copia de su Resolución fuese notificada, tanto a la Oficina de Ética Gubernamental, como al Procurador General.

En la Resolución del Panel, se cita la determinación de los FEI al indicar: “Aún con toda la indignación que ha generado el contenido conocido del Chat, ello no es sufieiente para que se pueda proceder a presentar cargos penales. Se requieren elementos constitutivos de delito a la luz de las disposiciones del Código Penal. Con esa prueba no contamos”.

La extensa y minuciosa investigación descargada por los FEl fue al extremo de visualizar incluso, si ante la de ausencia de prueba para configurar delitos procesables, existían bases legales para cualquier modalidad de tentativa. Esto tampoco ocurrió.

De hecho, del expediente recibido del Departamento de Justicia (DJPR) se identificaron serias limitaciones investigativas que, desde el inicio, marcaron el curso de la investigaeión formal de los FEI.

Entre ellas, ausencia de declaraciones juradas que involucraran en la comisión de delito a varias de las personas referidas. También, deficiencias en el análisis preliminar de la data de los celulares —a los cuales no se les hicieron análisis lógicos, ni físicos—, así como falta de instrucciones uniformes de parte de los fiscales del DJPR a los agentes que intervinieron en el proceso.

Además de los Cinco agentes —de la Policía y del DJPR—, los otros testigos entrevistados fueron Wanda J. Said, auditora del Contralor; Coronel Michelle M. Fraley, excomisionada de la Policia; José E, Meléndez Ortiz, legislador; Coronel Arnaldo Claudio, exmonitor de la Policia; Griselle Morales, Directora de Ia División Legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras; Fernando Gil Enseñat, exsecretario de la Vivienda; Yennifer Alvarez, exdirectora de Prensa de La Fortaleza; Rossy Santiago, exayudante especial del Gobernador; y Cecille Blondet, de la organizaciôn Espacios Abiertos.

También a Raúl Maldonado Nieves, contratista gubernamental; Denisse Longo Quinones, exsecretaria de Justicia; CPA Teresita Fuentes, exsecretaria de Hacienda, Carmen Yulin Cruz, alcaldesa de San Juan; Raúl Maldonado, exsecretario de la Gobernación; Ricardo Llerandi, exsecretario de la Gobernación; y Sandra Rodriguez Cotto, periodista.

Además, a Julia Hernández, directora del Laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses; Sonymar Torres, especialista de Análisis de Datos Forenses del Contralor; y José R. Candelas, especialista de Análisis de Datos Forenses del Contralor.

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