El Departamento de Justicia determinó que el plebiscito “estadidad sí o no” incumple con la política federal, por lo que no desembolsó los $2.5 millones que otorga una ley de 2014 para este tipo de consultas.
Gobernadora Vázquez envía carta al fiscal general de Estados Unidos para obtener el dinero del plebiscito
“Estamos decepcionados con la determinación del Departamento de Justicia de no comprometer los $2.5 millones asignados por el Congreso para que los habitantes de nuestra isla puedan finalmente resolver el estatus de Puerto Rico”, dijo Wanda Vázquez Garced.
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Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced envió una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, donde expresó su descontento por el rechazo del plebiscito, que se espera se lleve a cabo el día de las elecciones, 3 de noviembre.
“Estamos decepcionados con la determinación del Departamento de Justicia de no comprometer los $2.5 millones asignados por el Congreso para que los habitantes de nuestra isla puedan libre y democráticamente ejercer su derecho al voto y finalmente resolver el estatus colonial-territorial de Puerto Rico”, indicó la gobernadora, en la carta la cual aparece con la fecha del miércoles.
El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, recibió el pasado 29 de julio una carta al subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, rechazando la petición de desembolso para esta sexta consulta. El rechazo por parte de Estados Unidos se da por etender de que solo se presenta una sola opción ante los electores.
Continuaron con el proceso
Pese a que no se recibió el dinero, la CEE identificó el dinero para poder cumplir con esta boleta, que tendría un costo total de $3.5 millones.
De hecho, este es el segundo plebiscito en un solo cuatrinerio. El primero fue bajo la administración de Ricardo Rosselló en el 2017, el cual, como en los pasados, ha ganado el “sí”, pero no ha tenido repercusiones para que Puerto Rico sea aceptado como estado.
Asimismo, la gobernadora hizo un llamado al secretario para que “continúe trabajando con nuestro Gobierno para obligar los $2.5 millones que garantizarían el proceso electoral justo y transparente que todos los puertorriqueños se merecen”.
