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Ya estamos de regreso. El gobierno del presidente trump tiene un nuevo plan para reducir la carga pública.
Este exigiría 100. 000 $ a ciertas personas a la hora de tramitar su residencia permanente.
Como podrán imaginar, esta medida puede cerrarle las puertas de la inmigración legal a familias con recursos limitados. Bajo esta premisa de reducir el gasto en ayudas federales.
Como nos va a explicar a continuación. Elyangelica gonzález mire.
Solicitar una residencia en estados unidos podría costar muy pronto 100. 000 $.
El departamento de estado sería el encargado de estudiar la propuesta que, según fuentes de the wall street journal, se pondría en práctica primero en un pequeño número de países. Es un.
Nuevo paso del gobierno para. Restringir la inmigración legal.
El gobierno no quiere que personas de bajos ingresos entren a estados unidos, según ellos, bajo el argumento de que puedan convertirse en cualquier propuesta plantea que los inmigrantes paguen el importe que recuperarían una vez que se hagan ciudadanos de estados unidos. Todo ocurre en el pública.
De hecho, dentro de muy poco, quienes soliciten visa o residencia también pueden ser consideradas inadmisibles. Si el gobierno determina que en cualquier momento se pueden convertir en una carga para el estado, en pocos días entra en vigor esta nueva normativa que promete ser impactante para la comunidad migrante.
La mayoría de las personas de nuestra comunidad. O muchas de las personas de nuestra comunidad quizás no reúnen los estándares económicos que el gobierno está solicitando.
Por lo tanto, apunta directamente a perjudicar a las personas pobres o las personas de bajos recursos económicos. La medida aplica a los no ciudadanos que se encuentren en estados unidos y soliciten ajustar su estatus a residencia permanente, así como a los no ciudadanos que solicitan admisión en estados unidos como inmigrantes o inmigrantes.
Se trata de una nueva norma que deroga la vigente de la era biden sobre carga pública. Ahora el funcionario puede tener en cuenta la edad, la salud, la situación familiar, los activos y los recursos económicos para decidir sobre el caso.
En definitiva, de lo que se trataría es darle más discrecionalidad a los funcionarios de inmigración para que al estudiar los casos decidan aprobarlos o negarlos en función de datos biográficos.