“Niños por Dinero”: Jueces ordenaban cárcel a niños a cambio de sobornos

A dos exjueces de Pensilvania que organizaron un plan para enviar niños a cárceles con fines de lucro a cambio de sobornos se les ordenó pagar más de $200 millones a cientos de personas que victimizaron en uno de los peores escándalos judiciales en la historia de Estados Unidos. Uno de los jueces, Mark Ciavarella, ordenó cárcel para niños incluso de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como hurto.

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Dos jueces en Pensilvania que organizaron un esquema para enviar a menores de edad a prisiones privadas a cambio de sobornos tendrán que pagarles más de 200 millones de dólares a centenares de víctimas de sus crímenes.

El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de 106 millones de dólares en pagos compensatorios y 100 millones en pagos punitivos para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, escribiendo que los demandantes fueron “las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas”, informó AP.

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“Acciones crueles y despreciables”


En un escándalo conocido como “Niños por Dinero”, Mark Ciavarella y Michael Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2,8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Ciavarella, que presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care.

Ciavarella ordenó cárcel para niños incluso de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como hurto. A menudo ordenaba que los chicos fueran encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias.

“Ciavarella y Conahan abandonaron su juramento y violaron la confianza pública”, escribió Conner en su explicación del fallo. “Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental”.

Testimonios en sala: “Arruinó mi vida”


Conner falló después de escuchar testimonios a menudo emotivos el año pasado de 282 personas que comparecieron en el tribunal de menores del condado de Luzerne entre 2003 y 2008, 79 de los cuales tenían menos de 13 años cuando Ciavarella los envió a detención juvenil.

“Contaron su naturaleza dura y arbitraria, su desdén por el debido proceso, su extraordinaria brusquedad y su comportamiento arrogante y grosero en la sala del tribunal”, escribió Conner.

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Una víctima infantil no identificada testificó que Ciavarella había " arruinado mi vida" y "simplemente no me permitió llegar a mi futuro", según el fallo de Conner.

Otro demandante dijo: “ Siento que me acaban de vender sin ninguna razón. Como si todos hicieran cola para ser vendidos".

Otra víctima describió cómo temblaba incontrolablemente durante una parada de tráfico de rutina, como consecuencia del impacto traumático de su detención infantil, y tuvo que mostrar sus registros de salud mental en el tribunal para “explicar por qué mi comportamiento era tan errático”.

Varias de las víctimas infantiles que formaron parte de la demanda cuando comenzó en 2009 han muerto desde entonces por sobredosis o suicidio, dijo Conner.

La Corte Suprema de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos 4.000 menores tras conocerse el esquema.

¿Habrá compensación?


No estaba claro si los demandantes — que ahora son adultos — recibirán al menos algo de los pagos. El condado Luzerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años.

Para calcular los daños compensatorios, el juez decidió que cada demandante tenía derecho a una tarifa base de $1,000 por cada día de detención injusta y ajustó esa cantidad según las circunstancias de cada caso. Se justificaron daños punitivos sustanciales porque los jueces caídos en desgracia infligieron “traumas físicos y emocionales indescriptibles” a niños y adolescentes, escribió Conner.

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La adjudicación de daños solo cubre a los demandantes que optaron por participar en el proceso.

“Es una gran victoria”, dijo el miércoles Marsha Levick, cofundadora y consejera principal del Centro de Derecho Juvenil con sede en Filadelfia y abogada de los demandantes. “Tener una orden de un tribunal federal que reconozca la gravedad de lo que los jueces les hicieron a estos niños en medio de algunos de los años más críticos de su infancia y desarrollo es muy importante, se pague o no el dinero”.

Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión. Conahan, que fue sentenciado a más de siete años en prisión, fue enviado a arresto domiciliario en el 2020 — con seis años restantes a su sentencia — debido a la pandemia de coronavirus.

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