Un acuerdo migratorio provocó un debate de poderes entre la Fiscalía del condado Pinal y su Junta de Supervisores. En diciembre, el fiscal general Brian Miller confirmó el convenio 287g, que permitió a agencias locales colaborar con ICE en funciones específicas, lo que desató cuestionamientos legales y políticos. También puedes ver: Cómo proteger las tuberías del hogar ante el frío extremo del invierno en Chicago