ORLANDO, Florida.- Lo que comenzó como una llamada de emergencia para solicitar atención médica terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial para una familia hispana residente en Florida.
Hispana con diagnóstico de esquizofrenia termina en prisión tras pedir ayuda médica
La familia de Paula Díaz denuncia que un llamado para atención de salud mental derivó en su arresto, uso de fuerza policial y una cadena de procesos judiciales que hoy la mantienen encarcelada en Florida.
Video Familia hispana denuncia abuso policial contra paciente en crisis mental en Marion
Paula Díaz, una mujer diagnosticada con esquizofrenia y trastorno bipolar, fue sometida con una pistola eléctrica y arrestada por agentes del condado de Marion, luego de que sus familiares solicitaran ayuda bajo la Ley Baker, la cual permite el internamiento involuntario y examen de salud mental de emergencia por hasta 72 horas para personas con enfermedades mentales que representan un riesgo para sí mismas o terceros.
El incidente ocurrió el 4 de enero de 2024, cuando la familia pidió apoyo para trasladar a Paula a un centro médico especializado, como había ocurrido anteriormente en otros estados. Sin embargo, de acuerdo con sus parientes, la intervención policial escaló rápidamente y derivó en el uso de fuerza, dejando a la mujer con heridas visibles.
Familiares aseguran que, pese a haber solicitado asistencia médica, nunca fueron informados de que Paula sería arrestada. Dos días después del incidente, recibieron una llamada de una agencia de fianzas notificándoles que debían pagar para su liberación.
Según los reportes oficiales, Paula fue acusada de dos cargos por agredir a los oficiales que atendieron el llamado de emergencia y uno adicional por violencia doméstica contra un familiar que se encontraba en el lugar. Como parte del proceso, debía presentarse periódicamente ante las cortes del condado.
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De la crisis médica al encarcelamiento
La situación se agravó meses después. Debido a una nueva crisis de salud mental, Paula no acudió a una audiencia judicial programada para el 4 de noviembre de 2024. Esto llevó a que una jueza emitiera una orden de arresto, que se ejecutó el 3 de enero de 2025, enviándola a prisión.
Su familia asegura que nunca recibió orientación clara sobre cómo proceder ante una crisis mental sin exponerla a un nuevo arresto. El temor a que volviera a ser sometida por la fuerza los llevó a retrasar el contacto con las autoridades.
Actualmente, Paula permanece recluida en el sistema carcelario del condado, donde sus familiares solo pueden verla por videollamadas y durante los días de visita establecidos.
La familia denuncia que el manejo del caso refleja una falta de protocolos adecuados para personas con condiciones de salud mental y advierte a otras familias sobre los riesgos de pedir ayuda en ese condado.
El caso de Paula Díaz forma parte de una serie de procesos judiciales que continúan activos.
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