Dos décadas de búsqueda: el dramático caso del bebé sustraído por su madre en Wisconsin que cruzó fronteras

Con apenas un año de edad, Andrew Richardson fue sustraído de su hogar el 3 de agosto de 2007, en Milwaukee, Wisconsin, por su madre, Mariana Farah-Saldivar. Su padre, Trevor Richardson, presentó de inmediato una denuncia ante la policía local. Lo que inicialmente se clasificó como un caso de interferencia de custodia pronto se convertiría en un drama que atravesaría fronteras y que está por cumplir casi dos décadas.

El caso llevó a la intervención de autoridades federales y diplomáticas, involucrando al Departamento de Estado de los EEUU y al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). La comunicación con la madre era casi imposible; Farah-Saldivar evitaba constantemente cualquier intento de mediación o establecimiento de visitas.

La negativa de la madre mantuvo al menor en una situación de riesgo constante, algo que el padre y las autoridades judiciales habían advertido repetidamente a las oficinas locales: su traslado a otro país.

La batalla legal y el choque de sistemas

En 2008, el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee otorgó la custodia legal exclusiva y la colocación física de Andrew a su padre, Trevor Richardson. Sin embargo, la resolución no tuvo el efecto práctico esperado, porque el niño ya se encontraba en México. Esto obligó a que la batalla legal se trasladara a tribunales mexicanos, bajo los protocolos de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Fue un periodo de incertidumbre jurídica. Mientras el padre intentaba hacer valer los derechos obtenidos en Wisconsin, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un pronunciamiento en diciembre de 2012, señalando que, bajo la Convención de La Haya, la restitución debía ser la prioridad absoluta, ya que el "interés superior del menor" dictaba su retorno a su lugar de residencia habitual. Pese a estas advertencias, la justicia mexicana falló en junio de 2015 a favor de la madre, determinando que Andrew tenía el derecho legal de residir en México.

El punto de inflexión: La purga del NCIC

Tras el fallo de 2015, las autoridades estadounidenses, bajo la dirección de la oficina del fiscal de distrito adjunto de Milwaukee, Matthew Torbenson, realizaron un acto administrativo que cambiaría el destino de Andrew: la eliminación de su registro en la base de datos del Centro Nacional de Información sobre Delincuencia (NCIC).

El NCIC es la base de datos nacional del FBI que alerta a policías sobre personas desaparecidas. Al borrar a Andrew de ella, los funcionarios desmantelaron su red de seguridad: cualquier control policial indicaba que "no existía registro", permitiendo que su madre viajara sin ser detectada.

La demanda presentada por Andrew Richardson, ahora ya como adulto, sostiene que esta acción fue una "cortina de humo". Aunque el caso civil en México había cerrado, la orden de arresto contra la madre por el delito grave de interferencia de custodia seguía vigente en Wisconsin.

Sin embargo, con la eliminación del menor del sistema NCIC, las autoridades desmantelaron el mecanismo de seguridad internacional que permitía detectar a Andrew en cualquier parada de tráfico o control fronterizo. Según la demanda, esto no fue un error, sino una decisión deliberada de personas con vasta experiencia en sustracción internacional de menores, quienes sabían que, al hacerlo, neutralizaban cualquier posibilidad de rescate o intervención.

El regreso y la búsqueda de justicia

Andrew Richardson no regresó a los Estados Unidos a través de una operación de rescate; lo hizo al alcanzar la mayoría de edad y no depender de su madre. Su regreso a Milwaukee, Wisconsin, le permitió en marzo de 2026 presentar una solicitud de registros públicos.

La petición se basó en la documentación interna que detalla cómo el fiscal de distrito adjunto, Matthew Torbenson, ordenó retirar sus datos de los sistemas de protección federal. Con base en esta evidencia, presentó una demanda formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra la Ciudad de Milwaukee, el exfiscal de distrito John Chisholm y los oficiales involucrados.

El demandante sostiene que estas acciones fueron una violación directa de sus derechos constitucionales, por lo que pide:

• Compensación económica: Exige el pago de daños por la privación de su libertad durante el periodo comprendido entre los nueve y los diecisiete años de edad, incluyendo la reparación por las secuelas psicológicas y el daño emocional derivado de su separación familiar prolongada.

• Daños punitivos: Solicita que los tribunales impongan sanciones financieras individuales contra los funcionarios mencionados. El objetivo es castigar su conducta y establecer un precedente legal que prevenga la ejecución de acciones similares por parte de servidores públicos en el futuro.

• Responsabilidad institucional: Argumenta que la Ciudad de Milwaukee es responsable de los hechos bajo la doctrina Monell, al haber mantenido prácticas y políticas de supervisión deficientes que permitieron a sus empleados actuar al margen de las leyes federales de protección a menores.

• Costas legales: Requiere que los demandados cubran la totalidad de los gastos del litigio, incluyendo los honorarios de representación legal, conforme a lo establecido en el estatuto federal 42 U.S.C. § 1988.

Andrew asegura que las decisiones administrativas tomadas por los funcionarios permitieron la sustracción de su libertad y facilitaron que su madre lo transportara a través de fronteras internacionales sin supervisión. El caso continúa en litigio. La última actualización de julio de este año es una "Brief in Support of Motion" presentada al juez, en la cual se incluyeron pruebas y documentos del demandante.