ORLANDO, Florida.- El estado de Florida enfrenta una demanda federal por una ley que permite a mujeres embarazadas estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad. La medida, aprobada el verano pasado, ha generado controversia entre defensores de los derechos de las personas con discapacidad y legisladores estatales que impulsaron la iniciativa.
Demandan a Florida por permitir a embarazadas usar estacionamiento para personas con discapacidad
Activistas argumentan que la medida viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. La demanda busca suspender y revocar los permisos otorgados a embarazadas por afectar derechos federales.
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El litigio fue presentado a finales de octubre contra el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida. La demanda sostiene que el nuevo sistema de permisos para mujeres embarazadas viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), una norma federal que desde 1990 garantiza la accesibilidad y prohíbe cualquier acción que reduzca las protecciones a personas con discapacidad.
La nueva ley, firmada en junio por el gobernador Ron DeSantis, autoriza a mujeres embarazadas a solicitar permisos de estacionamiento temporal con acceso a espacios para discapacitados. El documento, que cuesta $15 y tiene una vigencia de un año, solo se expide con una nota médica. La medida fue promovida por la representante republicana Fiona McFarland, quien argumentó que el objetivo era ofrecer alivio a las embarazadas durante el intenso calor de Florida.
Durante una audiencia legislativa en primavera, McFarland explicó que, al estar embarazada de nueve meses, observó espacios vacíos para discapacitados mientras ella debía caminar largas distancias. “El embarazo no es una discapacidad. Solo quiero poder estacionarme al frente”, dijo entonces.
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¿Qué argumenta la demanda contra los permisos temporales para embarazadas?
La demanda interpuesta por la Clínica de Derecho de Inclusión y Defensa de la Discapacidad de la Universidad Nova Southeastern, en representación de la activista Olivia Keller, sostiene que la norma estatal contradice los principios de la ADA. Keller, quien nació sin brazos y utiliza una silla de ruedas, explicó a CBS que la existencia de esos espacios no es un asunto de comodidad, sino de necesidad vital.
“Esos lugares no existen para hacernos la vida más fácil”, declaró. “Existen para hacerla posible”. Keller añadió que, aunque comprende la intención de apoyar a mujeres embarazadas, las personas con discapacidad deben seguir siendo la prioridad. “Si no puedo estacionarme allí, literalmente no puedo salir del auto. No puedo ir a trabajar, al médico ni vivir mi vida”, afirmó.
El abogado Matthew Dietz, que representa a Keller, señaló que el gobierno estatal no puede crear normas que reduzcan los derechos ya establecidos a nivel federal. “Lo que el estado no puede hacer es aprobar una ley que disminuya las protecciones para personas con discapacidades provistas por la ley federal”, declaró al medio. “Y eso es exactamente lo que hizo el estado”.
La demanda solicita al tribunal que se suspenda la emisión de permisos para embarazadas y que se revoquen aquellos que ya fueron entregados. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre cómo equilibrar las políticas de apoyo temporal a mujeres embarazadas sin comprometer los derechos adquiridos por las personas con discapacidad en todo el país.
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