La Corte Suprema acordó revisar la reclasificación que la administración del presidente Donald Trump ha hecho de una ley de inmigración de 1996, la cual permitiría a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) mantener detenidos a millones de inmigrantes sin derecho a solicitar fianza, incluso a aquellos con años de residencia en el país y sin antecedentes penales.
La Corte Suprema decidirá si ICE puede detener a indocumentados de forma indefinida
La mayoría de los jueces federales han afirmado que el gobierno debe dar a los inmigrantes la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza.
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Actualmente, las normas aplicadas históricamente permitían que las personas interpuestas en el interior del país obtuvieran libertad bajo fianza si demostraban ante un juez no ser un riesgo público ni de fuga. La nueva interpretación gubernamental busca que la detención obligatoria, concebida originalmente para arrestos en la frontera, se aplique también a quienes residen en ciudades y pueblos estadounidenses.
Una política que divide a los tribunales
Los críticos de la medida, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ( ACLU), acusan al Gobierno de presionar de forma ilegal a las personas para que abandonen el país voluntariamente.
Por su parte, la administración defiende la norma argumentando que evita la evasión de las órdenes de deportación. Aunque la mayoría de los tribunales federales de apelación —nueve en total— han fallado en contra de la postura del Gobierno, dos han respaldado la medida, lo que ha llevado el conflicto directamente al máximo tribunal.
Este caso forma parte de una serie de disputas sobre las políticas migratorias que la Corte Suprema analizará en este periodo lectivo, entre las que también se incluye la revisión sobre la legalidad de deportar a inmigrantes a terceros países sin verificar si corren riesgo de persecución o tortura.
¿Qué tendrá que decidir la Corte Suprema?
Los magistrados analizarán si los inmigrantes que viven en Estados Unidos y enfrentan un proceso de deportación pueden solicitar que un juez revise individualmente si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible expulsión del país.
El caso surge a partir de interpretaciones diferentes de la legislación federal entre los tribunales de apelación. Los circuitos quinto y octavo han sostenido que determinados inmigrantes deben permanece r bajo custodia mientras sus procedimientos migratorios continúan.
Los abogados de la administración Trump argumentan que las decisiones contradictorias de los tribunales han provocado una aplicación desigual de las normas migratorias.
El Gobierno sostiene que esta situación ha generado miles de solicitudes judiciales de inmigrantes que cuestionan su interpretación de la legislación y dificulta que las autoridades apliquen una política uniforme en todo el país.
¿Qué argumentan los inmigrantes y sus abogados?
Los demandantes, representados por la ACLU, sostienen que la interpretación de la administración no debe aplicarse de manera general a personas que ya se encuentran dentro del territorio estadounidense.
Sus abogados señalan además que numerosos jueces de tribunales de distrito han rechazado la postura del Gobierno y advierten que el cambio podría tener consecuencias para millones de personas que no son ciudadanas.
La decisión establecerá cómo deben aplicarse las disposiciones de detención en los procesos migratorios de personas que se encuentran dentro de Estados Unidos.
El fallo también definirá el alcance de la facultad del Gobierno para mantener detenidos a inmigrantes mientras sus casos de deportación continúan en los tribunales.
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