El gobierno de Donald Trump amplía la infraestructura detrás de su estrategia migratoria en Texas: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) adjudicó a GardaWorld Federal Services un contrato de hasta 382 millones de dólares para transportar personas bajo custodia migratoria en los 254 condados del estado.
ICE otorga contrato de hasta 382 millones de dólares para trasladar detenidos en Texas
El millonario contrato llega mientras ICE amplía en Texas una red de detenciones que depende cada vez más de policías locales y traslados de migrantes
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El acuerdo contempla transporte terrestre armado disponible las 24 horas, además de tareas de coordinación, documentación, operación y mantenimiento de la flota, elaboración de informes, control de calidad y administración de un portal seguro.
La adjudicación fue publicada el lunes por la noche en SAM.gov y, hasta ahora, ICE ha destinado alrededor de 100 millones de dólares de ese contrato.
El nuevo acuerdo lleva a más de 700 millones de dólares los compromisos que la agencia federal ha hecho con GardaWorld en los últimos seis meses, en un momento en que la compañía ha cambiado de manera importante el rumbo de sus negocios con el gobierno estadounidense hacia las labores relacionadas con el control migratorio.
GardaWorld se convierte en un proveedor clave de ICE
GardaWorld Federal Services es la filial estadounidense de la empresa de seguridad canadiense GardaWorld, con sede en Montreal.
Los contratos obtenidos durante este año por parte del Departamento de Seguridad Nacional superan en más de tres veces el dinero que la compañía recibió del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa combinados, una inversión de la tendencia que había marcado su actividad federal desde 2018.
El transporte de detenidos adquiere especial relevancia en Texas debido al crecimiento del programa 287(g), mediante el cual ICE delega determinadas funciones de control migratorio a agencias policiales locales.
Texas concentra más acuerdos 287(g) que cualquier otro estado. Un registro elaborado por el investigador independiente Andrew Thrasher, a partir de datos de ICE, contabiliza 514 acuerdos con 422 agencias policiales texanas, frente a 352 acuerdos en Florida.
La cifra de acuerdos es superior a la de agencias porque una misma corporación puede participar bajo distintos modelos.
El contrato llega mientras avanzan —y se frenan— centros de detenciónEl nuevo acuerdo con GardaWorld se suma a otros proyectos relacionados con la expansión de espacios para detener migrantes.
En marzo, ICE otorgó a la compañía un contrato de 313 millones de dólares para convertir un almacén en Surprise, Arizona, en un centro de detención. Sin embargo, las obras se encuentran paralizadas debido a una demanda presentada por la fiscal general de ese estado, Kris Mayes.
La semana pasada, GardaWorld recibió además 17.1 millones de dólares para transformar un almacén de carga propiedad de ICE en San Antonio en otra instalación de detención.
Ese contrato incluye tanto la construcción como los llamados wraparound services: las labores operativas, sanitarias y de personal necesarias para poner en funcionamiento el centro.
Mientras esos proyectos enfrentan obstáculos, el nuevo contrato de transporte permitiría cubrir una necesidad directamente relacionada con las detenciones: mover a las personas desde las cárceles locales hacia instalaciones de ICE, incluso a través de grandes distancias dentro de Texas.
¿Por qué Texas necesita este sistema?
Una de las razones está en la expansión del modelo de grupo de trabajo del programa 287(g).
Alrededor de 61% de los acuerdos de Texas utilizan este esquema, que es el que concede mayores facultades a los agentes locales de los tres modelos existentes.
Bajo este mecanismo, los agentes pueden interrogar a personas sobre su situación migratoria y detenerlas por infracciones migratorias durante actividades como paradas de tráfico, puntos de control o patrullajes.
Un supervisor de ICE determina posteriormente los pasos a seguir.
Los otros dos modelos tienen facultades más limitadas y están principalmente relacionados con la identificación y comunicación de información sobre personas que ya se encuentran bajo custodia de las autoridades locales.
En la práctica, esto genera una cadena que comienza con la participación de policías y sheriffs locales y puede terminar con el traslado de los detenidos a instalaciones administradas por ICE.
Los condados reciben dinero por colaborar con ICE
La participación de las agencias locales también tiene un componente económico.
En septiembre de 2025, ICE anunció que reembolsaría a las agencias participantes bajo el modelo de grupo de trabajo el salario anual completo y los beneficios de los agentes capacitados, además de cubrir horas extra hasta un límite equivalente al 25% de su salario.
El dinero proviene de la ley presupuestaria conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada por los republicanos ese verano.
ICE también estableció bonos trimestrales vinculados con la localización de personas incluidas en las listas proporcionadas por la agencia. Las corporaciones que consiguen localizar entre 90% y 100% de esas personas pueden recibir 1,000 dólares por agente.
El problema es que estos reembolsos no aparecen de la misma manera que los contratos federales en los portales públicos de gasto.
ICE entrega esos recursos mediante acuerdos con departamentos de policía y oficinas del sheriff, en lugar de contratos. Por ello, una parte importante del costo de la expansión del programa resulta más difícil de rastrear.
La presión sobre los sheriffs de Texas
La expansión del programa también ha generado disputas dentro del propio estado.
Una ley aprobada en junio de 2025 y vigente desde el 1 de enero obliga a los sheriffs que administran cárceles de condado a solicitar un acuerdo 287(g) con ICE.
Para incentivar el cumplimiento, Texas creó un programa de subvenciones que entrega entre 80,000 y 140,000 dólares por condado, dependiendo de su población. La norma también permite al fiscal general demandar a los sheriffs que no cumplan.
De los 254 condados texanos, 234 cuentan con una cárcel propia.
En mayo, el fiscal general Ken Paxton informó que investigaba a la sheriff del condado de Dallas, Marian Brown, por no haber solicitado el acuerdo. Brown respondió que la ley le permite cumplir hasta el 1 de diciembre y sostuvo que su oficina ya coopera con las autoridades federales de inmigración.
Catorce legisladores demócratas del área de Dallas pidieron a Paxton detener lo que calificaron como acoso político contra la sheriff.
Un programa que volvió con la segunda administración Trump
El modelo de grupos de trabajo del 287(g) no siempre estuvo activo.
ICE dejó de renovar estos acuerdos en 2012 al considerar que otros programas utilizaban mejor sus recursos. El esquema tampoco estuvo activo durante el primer mandato de Trump.
La agencia lo reactivó en 2025, después de una orden ejecutiva que instruyó ampliar el programa 287(g) hasta donde permitiera la ley.
Ahora, el contrato con GardaWorld muestra otra pieza de esa expansión: no solo se trata de aumentar la participación de las policías locales en las labores migratorias, sino también de crear la capacidad logística para transportar a las personas detenidas por todo Texas y llevarlas a instalaciones bajo control de ICE.
GardaWorld no respondió a una solicitud de comentarios enviada el martes por la mañana.