TALLAHASSEE, Florida.- La propuesta impulsada por el gobernador Ron DeSantis y varias resoluciones en la Cámara de Representantes para reducir o eliminar los impuestos a la propiedad no escolares en propiedades residenciales principales (homestead) podría transformar el panorama fiscal de Florida, pero genera preocupaciones sobre el financiamiento de servicios esenciales, la equidad tributaria y el mercado inmobiliario.
¿Adiós al impuesto a la propiedad en Florida? Impactos en escuelas, servicios y vivienda
Eliminar impuestos a propiedades residenciales principales causaría pérdida de $18.5 mil millones anuales en ingresos locales, afectando servicios esenciales.

Los impuestos a la propiedad generan alrededor de $55 mil millones anuales en el estado, según datos del Departamento de Ingresos de Florida y estimaciones del Florida Policy Institute (FPI), una organización no partidista.
De estos, aproximadamente el 36% proviene de propiedades residenciales, lo que implicaría una pérdida de $18.5 mil millones si se eliminan los gravámenes: unos $7,800 millones para condados, $7,700 millones para distritos escolares y $3,000 millones para municipios, de acuerdo con análisis del FPI.
Esta reducción afectaría directamente servicios locales com o policía, bomberos, parques, infraestructura y emergencias. Muchas propuestas, como HJR 201 y HJR 209 avanzadas en la Cámara, incluyen mandatos para no recortar fondos policiales, pero críticos advierten que otros áreas sufrirían.
"Eliminar esta fuente de ingresos no elimina los costos de estos servicios", señaló un análisis de líderes locales citado en News4JAX. Escuelas públicas, que dependen en hasta 60% de estos impuestos en algunos distritos, podrían enfrentar déficits, aunque varias versiones protegen las cargas fiscales escolares.
Otro impacto clave sería en el mercado habitacional. Expertos estiman que los valores de viviendas aumentarían entre 7% y 9% inmediatamente, según Realtor.com y reportes en Newsweek, beneficiando a propietarios actuales pero agravando la crisis de asequibilidad para nuevos compradores e inquilinos.
Propiedades de alquiler y segundas viviendas seguirían gravadas, lo que podría elevar rentas. "Podría dejar atrás a arrendatarios y compradores primerizos", advierten analistas en Hoodline.
En términos de equidad, el FPI destaca que Florida ya tiene uno de los sistemas fiscales más regresivos del país. Eliminar impuestos a homesteads beneficiaría desproporcionadamente a propietarios adinerados, mientras alternativas como aumentar el impuesto sobre ventas (del 6% actual a potencialmente 12%, el más alto nacional) cargarían más a hogares de bajos ingresos.
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(Floridanos Primero) 2026-2027 para apoyar condados inicialmente, según flgov.com.
Otras opciones incluyen mayor carga en propiedades no homestead (que aportan cerca del 64-70%, incluyendo comerciales y turísticas) o transferencias estatales. Sin embargo, líderes locales temen recortes inevitables o aumentos en tarifas, erosionando la autonomía municipal.
Demócratas como la líder Fentrice Driskell critican la iniciativa como regresiva y potencialmente dañina para vulnerables. Proponentes argumentan que el boom inmobiliario ha inflado presupuestos locales, permitiendo ajustes sin impacto mayor.
Si una o más enmiendas constitucionales avanzan, ya sea la versión única y ambiciosa preferida por el gobernador Ron DeSantis o alguna de las múltiples propuestas impulsadas por la Cámara de Representante s, deberán ser aprobadas por al menos el 60% de los votantes en el referéndum de las elecciones generales de noviembre de 2026, según lo establece el Artículo XI, Sección 5(e) de la Constitución de Florida.
De aprobarse, las enmiendas entrarían en vigor el 1 de enero de 2027, tal como especifican explícitamente los textos de las resoluciones conjuntas presentadas en la Cámara (por ejemplo, HJR 201, HJR 205 y HJR 209, disponibles en myfloridahouse.gov), lo que permitiría que los cambios en los impuestos a la propiedad se reflejen en los avisos fiscales del año 2027.
DeSantis ha manifestado públicamente su preferencia por una sola enmienda clara y contundente en la boleta de 2026, argumentando que múltiples propuestas podrían generar confusión entre los votantes y diluir el impacto de la reforma, según declaraciones reportadas por Florida Phoenix y WLRN en octubre de 2025.


















