Fiscal General de Nueva York rechaza presión sobre agencias locales para colaborar con deportaciones

Letitia James, Fiscal General de Nueva York, rechaza el memorando del Departamento de Justicia que busca forzar la cooperación de autoridades locales en deportaciones. Mantiene firme su postura de proteger los derechos de los inmigrantes y las leyes estatales.

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NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, emitió hoy una declaración rechazando el memorando del Departamento de Justicia (DOJ) que busca forzar la cooperación de autoridades locales en operativos migratorios federales.

"Esto es un intento del Presidente por forzar a los gobiernos estatales y locales a ejecutar sus deportaciones masivas”, declaró James.

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“Nueva York no será intimidada para quebrantar la ley con el fin de cumplir una promesa de campaña", declaró James.

Leyes de Nueva York limitan cooperación con autoridades federales

La Fiscal General enfatizó que las leyes estatales que protegen a inmigrantes y limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración seguirán vigentes.

"En el estado de Nueva York, tenemos leyes que protegen a los inmigrantes y limitan la cooperación con los esfuerzos federales de control migratorio”, indicó.

“Esas leyes deben continuar siendo respetadas por todos los funcionarios y agentes del orden de Nueva York".

Fiscal se compromete a proteger derechos de inmigrantes

James reiteró su compromiso con defender los derechos constitucionales.

"Como Fiscal General, siempre defenderé nuestras leyes y protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los derechos de los inmigrantes".

La oficina de la Fiscal General ha emitido lineamientos para las agencias locales del orden público sobre cómo proceder ante esta situación.

Lo que dice el memorando del DOJ

El memorando del DOJ, emitido el martes por el Fiscal General Adjunto interino Emil Bove, amenaza con procesar penalmente a funcionarios estatales y locales que no cooperen con las acciones intensificadas de control migratorio federal.

El documento de tres páginas busca realinear las políticas del departamento con las acciones ejecutivas del Presidente Trump y revierte varias políticas migratorias clave de la administración Biden.

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Establece la creación de un "Grupo de Trabajo para la Aplicación de Leyes en Ciudades Santuario" para identificar y desafiar legalmente las políticas locales que consideren "inconsistentes" con los esfuerzos federales de control migratorio.

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