La administración de Donald Trump ordenó cancelar unos 810 millones de dólares en fondos que habían sido aprobados por el Congreso

El viernes 25 de septiembre, la Casa Blanca anunció que cancelarían más de 800 millones de dólares en fondos asignados por el Congreso, según ABC News.

La medida afecta recursos destinados a distintos programas federales y ocurre en medio de una disputa sobre los límites de la autoridad del presidente para retirar fondos que ya fueron aprobados por el Congreso. La Casa Blanca sostiene que Trump tiene facultades para realizar estas reducciones, mientras que legisladores como la senadora republicana Susan Collins cuestionan su legalidad.

¿Qué programas se verían afectados?

Los recortes abarcan programas de varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Justicia, de acuerdo con la Casa Blanca.

La mayor parte corresponde a 567 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos ( HHS). La administración Trump afirmó que estos recursos estaban destinados a “programas a favor de la inmigración ilegal” y a organizaciones no gubernamentales que prestaban servicios a refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos.

La administración también señaló programas del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) que, según su versión, utilizaron recursos de los contribuyentes para proporcionar “asistencia social” a inmigrantes indocumentados.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que Trump estaba invocando la autoridad que le confiere la Ley de Control de Retención de Fondos para llevar a cabo una “reducción selectiva” de recursos. Se trata de una maniobra legalmente cuestionada que Trump también utilizó en 2025 para recuperar miles de millones de dólares asignados a programas de ayuda exterior.

La Corte Suprema de los Estados Unidos permitió entonces que aquella rescisión siguiera adelante al suspender una orden de un tribunal inferior que exigía la asignación de esos fondos. No obstante, los jueces señalaron que esa decisión no debía interpretarse como una resolución definitiva sobre el fondo de la rescisión.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), las reducciones presupuestarias parciales ocurren cuando el presidente solicita al Congreso cancelar fondos mientras se acerca el final del año fiscal. Aunque el Congreso debe aprobar estas reducciones, dispone de 45 días para responder.

La GAO advierte que, cuando no se da al Congreso tiempo suficiente para considerar la solicitud o para que los fondos puedan utilizarse antes de que expiren, el presidente estaría eludiendo la autoridad del Legislativo sobre el financiamiento del gobierno.

La senadora republicana por Maine Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, criticó la medida y la calificó como un intento de “socavar el poder constitucional del Congreso sobre el presupuesto” y como una violación de la ley.

Collins sostuvo que la GAO, un organismo independiente, ha concluido que las reducciones discrecionales de fondos son ilegales y no están permitidas por la Ley de Control de Retención de Fondos. La senadora afirmó que cualquier intento de revocar fondos asignados sin la aprobación del Congreso constituye una “clara violación de la ley”.

Collins también dijo que el Congreso recibió el paquete de recortes de 810 millones de dólares de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca sin previo aviso. Según la senadora, la OMB retuvo intencionalmente los fondos durante meses para ejecutar la cancelación de asignaciones que habían sido aprobadas de forma bipartidista y posteriormente promulgadas como ley.

“La OMB es una agencia del poder ejecutivo. No le corresponde decidir qué programas merecen financiación”, afirmó Collins, quien agregó que trabajaría con otros legisladores para responder a estas acciones.