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Danny Rogers retira apoyo a dos propuestas de ley consideradas antiinmigrantes tal como están redactadas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte

Rogers reconoce que las versiones de “las propuestas de ley HB 370 y SB 673 tal como están redactadas por la NCSA, no remedian los defectos constitucionales y legales, en particular, las violaciones del derecho constitucional al debido proceso”.
12 Jun 2019 – 12:18 PM EDT

CAROLINA DEL NORTE, Condado de Guilford.-Un hecho sin precedentes se presentó justo a horas de que una de las propuestas de ley consideradas antiinmigrantes sea revisada y votada en el Senado estatal.

El Alguacil del Condado de Guilford, Danny Rogers compartió en una comunicación que “está retirando respetuosamente su apoyo a la propuesta de la NCSA respecto a las modificaciones planteadas para la HB 370 y SB 673 tal como están redactadas”.

Rogers reconoció que las versiones dichas “propuestas tal como están redactadas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, no remedian los defectos constitucionales y legales, en particular, las violaciones del derecho constitucional al debido proceso”.

Aunque el Alguacil Rogers habría firmado de conformidad sobre las enmiendas impulsadas por la NCSA a estas dos propuestas de ley revisadas el 16 de mayo de 2019, sin embargo, la decisión de desistir de ese acuerdo se debe, según un documento enviado por un vocero, a la revisión a cabalidad de los proyectos de ley con su equipo legal, donde surgieron preocupaciones importantes.

Rogers señaló además que “aunque la propuesta de la NCSA contiene una disposición que establece que una Oficina del Sheriff no puede ser considerada penal o civilmente responsable de detener a un preso de conformidad con este estatuto, no creemos que un estatuto estatal pueda inmunizar a los funcionarios estatales de potencialmente violar el debido proceso. Disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos”.

El Aguacil de Guilford externó preocupaciones prácticas que apuntan a que las enmiendas a las propuestas de ley de la NCSA podrían dar inmunidad a los funcionarios del Estado de potencialmente violar las disposiciones del debido proceso en la Constitución de los Estados Unidos. Asimismo, señala que la propuesta de la NCSA no dice nada sobre quién pagará el costo de la vivienda y la supervisión de los detenidos de ICE durante este período de 96 horas. Además, sugiere que las fallas de proceso en las detenciones de ICE y las órdenes de detención administrativa de ICE podrían solucionarse de manera mucho más eficiente a nivel federal.

Rogers, ha recibido solicitudes en varias oportunidades de organizaciones pro-inmigrantes, para postularse en contra de la HB370, entre ellas Siembra, N.C. quien envió un documento con los motivos por los cuales el Alguacil de Guilford debía rechazar las enmiendas propuestas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, y aunque se había mostrado a favor de continuar con su postura, cambia de opinión a tan solo unas horas de que se vote la propuesta en el Senado de Carolina del Norte.

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En una comunicación oficial, el Alguacil Rogers desmenuza los puntos en los que difiere de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte (NCSA) y se los presentamos a continuación:

A. “Desacuerdo con la espera de 96 horas para un detenido. El Formulario I-247A de retención de ICE solicita una retención de 48 horas, sin embargo, la propuesta de NCSA duplica ese período de tiempo a 96 horas. “En nuestra opinión, esta duplicación del período de detención puede violar la "doctrina de la anticipación". Como usted sabe, la "doctrina preventiva" según la ley federal prohíbe la acción estatal en dos escenarios: (1) cuando la ley estatal entra en conflicto con un Estatuto Federal existente; y (2) cuando la ley estatal no entra en conflicto con la ley federal pero aún intenta legislar sobre un tema que está 100% reservado para una acción federal.

En nuestra opinión, la propuesta NCSA cae en el segundo escenario anterior. En otras palabras, aunque intenta respaldar la ley federal sobre detenciones de ICE, se está introduciendo en un área reservada para la acción federal (por ejemplo, detenciones de inmigración de ICE) al intentar duplicar el período de retención buscado por ICE.

B. Tiene las siguientes preocupaciones con la propuesta de NCSA:

1.El Magistrado no tiene la tarea de determinar si existe una causa probable para creer que el recluso está detenido en violación de las leyes de inmigración. En cambio, la subsección de la propuesta de la NCSA solo requiere que el Magistrado descubra que existe una causa probable para creer que en realidad existe una orden de detención ICE y una orden de detención administrativa ICE (es decir, físicamente). Sobre la base de nuestra lectura de la propuesta, el recluso no puede impugnar la base objetiva que respalda al detentador (es decir, si el recluso está aquí legal o ilegalmente). En cambio, si el Magistrado encuentra que existe un documento de retención "físicamente", el único problema es si el recluso es la persona que lleva el nombre en la orden.

El proceso de revisión del Magistrado propuesto por la NCSA es un esfuerzo de buena fe para insertar el debido proceso donde no existe ninguno en los proyectos de ley originales de la Cámara y el Senado. Sin embargo, el alcance de la revisión del Magistrado es tan limitado que proporciona, en nuestra opinión, un escrutinio judicial insuficiente de si existe una causa probable para respaldar a un agente de retención de ICE y / o una orden de detención administrativa de ICE. Además, es poco probable que un recluso en la Cárcel tenga los documentos que necesita para impugnar la detención de ICE. La propuesta de la NCSA no contiene disposiciones que le permitan al preso reabrir la audiencia durante el período de 96 horas en circunstancias en las que puedan obtener un pariente para traer una copia de una "Tarjeta verde" o un documento similar después de la fecha inicial. Audiencia ante el magistrado.

2. La detención de ICE crea una violación de la Cuarta Enmienda de la persona. Si esta fue una orden de arresto del estado, N.C. Gen. Stat. § 15A-304 (a) requeriría que el oficial de arresto proporcione un testimonio jurado (o afirmado) al Magistrado para establecer que existe una causa probable. Sin embargo, aquí, el “Detainer” de ICE (formulario I-247A) y la orden de detención administrativa de ICE (formulario I-200) no se basan en una declaración jurada o afirmada por parte del Agente de ICE. En cambio, ambos documentos de ICE son declaraciones no juradas firmadas por el Agente de ICE que simplemente establecen que el Agente cree que existe una causa probable.

3. En nuestra opinión, según la propuesta de la NCSA, la revisión del Magistrado de la Detención ICE y la Orden de Detención Administrativa, y la autoridad del Magistrado para ingresar una Orden de Detención de 96 horas se derivaría de N.C. Gen. Stat. § 15A-511 (c). Ese estatuto autoriza a un magistrado a emitir una orden de detención de un sujeto basado en la comisión de "un delito". El problema aquí es que la "entrada incorrecta" en los Estados Unidos (es decir, un cruce ilegal de fronteras) es claramente un delito en virtud del Título 8 U.S.C. § 1325, pero "presencia ilegal" (es decir, aquellos que se quedan más de una visa) no es un delito sino una violación civil bajo el Título 8 U.S.C. § 1182 (a) (9) (B).

El dilema que esto crea es que el Retenedor de ICE actual (Formulario I-247A del DHS) no distingue entre los detenidos por el delito de entrada ilegal y los detenidos por la violación civil de presencia ilegal. Claramente, ambos grupos están violando la ley, pero solo el primero está cometiendo un delito federal.

Entendemos que la NCSA no cree que esto sea un problema porque, en opinión de la Asociación, la autoridad del Magistrado para actuar se derivaría de la nueva legislación (HB 370 y SB 637) y no del Gen. Stat. § 15A-511 (c). Respetamos la evaluación de la NCSA, pero la GCSO continúa teniendo problemas para determinar si la distinción importante entre un delito y una violación civil limitaría la capacidad de un magistrado de la corte estatal para emitir una orden de detención solo para aquellas personas que hayan violado la ley penal federal a través de un "Entrada incorrecta" en los Estados Unidos. En otras palabras, no estamos convencidos de que el general Stat. § 15A-511 autoriza a un magistrado de la corte estatal a emitir una orden de detención a una persona que ha cometido una violación de la ley civil al estar “ilegalmente presente” en los Estados Unidos”.

El Aguacil de Guilford externó preocupaciones prácticas que apuntan a que las enmiendas a las propuestas de ley de la NCSA podrían dar inmunidad a los funcionarios del Estado de potencialmente violar las disposiciones del debido proceso en la Constitución de los Estados Unidos. Asimismo, señala que la propuesta de la NCSA no dice nada sobre quién pagará el costo de la vivienda y la supervisión de los detenidos de ICE durante este período de 96 horas. Además, sugiere que las fallas de proceso en las detenciones de ICE y las órdenes de detención administrativa de ICE podrían solucionarse de manera mucho más eficiente a nivel federal.

Rogers, ha recibido solicitudes en varias oportunidades de organizaciones pro-inmigrantes, para postularse en contra de la HB370, entre ellas Siembra, N.C. quien envió un documento con los motivos por los cuales el Alguacil de Guilford debía rechazar las enmiendas propuestas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, y aunque se había mostrado a favor de continuar con su postura, cambia de opinión a tan solo unas horas de que se vote la propuesta en el Senado de Carolina del Norte.




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