Documentos de una corte federal en Texas muestran que la administración del presidente Biden tiene 20 días para argumentar por qué se debe continuar con el programa, que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La fecha establecida surge a raíz de la medida cautelar interpuesta el pasado 14 de febrero por 20 estados que buscan poner en pausa el parole humanitario mientras se emite un fallo definitivo sobre el litigio.