WASHINGTON, D.C.— Maryland, Virginia y Washington DC (el DMV) han registrado un aumento en las detenciones migratorias; los operativos siembran el t emor entre la comunidad inmigrante, además de plantear dudas sobre el perfilamiento racial en la ejecución.
“Mojado”: videos de agentes migratorios revelan presunto perfilamiento racial en operativos
La ACLU presentó imágenes de cámaras corporales y otros registros en una demanda que cuestiona la forma en que agentes seleccionan a personas para controles y detenciones.
Video ACLU denuncia ante un tribunal federal arrestos de inmigración con perfil racial contra hispanos
Videos captados por cámaras corporales de agentes federales de inmigración y otros registros entregados durante un proceso judicial han reavivado las denuncias de organizaciones de derechos civiles que acusan al gobierno federal de utilizar la apariencia latina como criterio para seleccionar a personas durante operativos migratorios en todo el país.
La Unión Americana de Libertades Civiles, conocida como ACLU, presentó parte de este material como evidencia en el caso Vasquez Perdomo v. Mullin, una demanda en un tribunal federal de California que cuestiona detenciones y arrestos que los demandantes consideran realizados sin una sospecha individualizada y de manera racialmente discriminatoria.
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La ACLU sostiene que los documentos obtenidos durante el proceso de descubrimiento incluyen mensajes internos, videos de cámaras corporales, registros operativos y declaraciones bajo juramento de funcionarios. Según la organización, el conjunto de pruebas muestra que agentes federales se basaron repetidamente en la apariencia latina y en la percepción de que algunas personas eran trabajadores de bajos ingresos para decidir a quién detener.
Organizaciones denuncian lenguaje discriminatorio
Activistas que trabajan con comunidades inmigrantes calificaron de ofensivo el lenguaje que aparece en algunos de los videos.
Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de Somos CASA, afirmó a la reportera de N+ Univision DC, Thalía Varelas, que los agentes utilizaron términos despectivos para referirse a personas hispanas y sostuvo que esas expresiones son una muestra de una cultura de discriminación dentro de los operativos.
“Usan la palabra ‘wet’, que significa ‘mojado’”, dijo Sapunar, al describir uno de los términos que, según ella, aparecen en el material. También mencionó el término “tonk”, que calificó como una expresión racista y deshumanizante.
Las organizaciones sostienen que el problema va más allá del lenguaje utilizado por algunos agentes. Argumentan que los registros presentados ante el tribunal muestran que la apariencia étnica habría sido utilizada para seleccionar objetivos de los operativos.
Oliver Merino, organizador del National Immigration Project, dijo que asumir que una persona puede ser indocumentada únicamente por su apariencia constituye un estereotipo.
“Ven a alguien y asumen su estatus migratorio”, señaló Merino, quien afirmó que las personas pueden ser seleccionadas por su apariencia, color de piel o por la percepción de que son inmigrantes, sin evidencia individualizada.
Demanda cuestiona las detenciones
El caso Vasquez Perdomo v. Mullin se desarrolla ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. Los demandantes sostienen que agentes federales han realizado controles y detenciones sin una base suficiente y que las prácticas violan las protecciones constitucionales contra registros y detenciones irrazonables y contra la discriminación.
En julio, los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar para impedir que continúen los operativos que, según alegan, se realizan sin sospecha individualizada y basándose en criterios raciales. La solicitud fue respaldada por nuevos registros obtenidos durante el proceso de descubrimiento.
El litigio también ha i nvolucrado disputas sobre la entrega de videos, comunicaciones y otros registros de los agentes. Documentos del caso muestran que el tribunal ha ordenado al gobierno cumplir con requerimientos relacionados con la preservación y revisión de información relevante para la demanda.
También hay voces que defienden a los agentes
Mientras organizaciones comunitarias consideran que las imágenes muestran prácticas discriminatorias, algunos residentes defienden a los agentes y aseguran que simplemente están cumpliendo con sus funciones de hacer cumplir las leyes migratorias.
Una trabajadora de Falls Church entrevistada para el reportaje cuestionó que cualquier actuación de ICE sea interpretada automáticamente como prejuicio y sostuvo que los agentes también son trabajadores que realizan una función oficial.
La controversia refleja la división que existe en distintas comunidades sobre los operativos federales de inmigración y los métodos utilizados para identificar a personas que podrían estar sujetas a procesos migratorios.
Organizaciones piden mayor transparencia
Los grupos que cuestionan las operaciones federales también reclaman que los videos de las cámaras corporales sean divulgados con mayor frecuencia para permitir una supervisión pública de las actuaciones de los agentes.
La ACLU ha criticado recientemente la política de ICE sobre las cámaras corporales. La organización señala que, aunque ICE anunció que equipará a todos sus agentes con cámaras, la agencia mantiene un amplio control sobre qué grabaciones pueden hacerse públicas.
Merino dijo que hacer públicos los videos permitiría que la comunidad conozca cómo se desarrollan los arrestos y operativos migratorios.
“Los videos que los agentes tienen muchas veces por sus cámaras personales” deberían ser publicados para que el público pueda saber qué está ocurriendo, sostuvo.
Para residentes y organizaciones comunitarias, el impacto de estos operativos también se refleja en el temor de algunas familias.
“Es triste, con miedo”, dijo una vecina de Falls Church. “Es difícil tener que vivir con miedo todos los días”.
Los demandantes buscan que el tribunal intervenga y establezca límites a las prácticas que consideran inconstitucionales. Por ahora, el caso continúa en los tribunales y las acusaciones de perfilamiento racial forman parte de los argumentos de los demandantes; el gobierno ha sostenido que sus agentes tienen una sospecha razonable para realizar las detenciones.
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