Cuatro organizaciones promigrantes han decidido tomar acciones contra la ley SB1718 que entró en vigencia el pasado 1 de julio. Activistas aseguran que la legislación tiende a confundir debido al uso de palabras “muy técnicas”. Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americas For Inmigrants Justice, asegura que esta ley “intenta controlar los derechos federales de inmigración”.