De ser aprobada la iniciativa, quienes, hasta el momento, residían en el extranjero, pero viajaban a Cuba al menos cada dos años, perderían la condición de residente en la isla y pasarían a formar parte del grupo denominado ‘cubano residente en el exterior’. La propuesta otorga al régimen, de manera legal, la potestad de prohibir la entrada o salida del país a quienes viajen para, según el texto, “estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos del Estado cubano”.