El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”

Las duras políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, quien busca hacer realidad su promesa de deportaciones masivas, están causando un vacío en sectores económicos que dependen ampliamente de las manos de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados.

Desde California hasta Florida, cientos de inmigrantes han sido arrestados en duras redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en sitios de trabajo, cortes migratorias y otros lugares que regularmente no eran blanco de operativos de ese tipo.

Las redadas que han generado mayores críticas por parte de organismos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes han sido aquellas que han ocurrido en sitios de trabajo, como sucedió en campos de cultivo de marihuana de California en julio.

Las escenas del despliegue de agentes de ICE fuertemente armados y con equipo táctico militar persiguiendo a trabajadores agrícolas en los campos de cultivo en el condado de Ventura causaron conmoción a nivel nacional por la utilización de ese nivel de fuerza en contra de los indocumentados.

“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, interrumpen la cadena de suministro de alimentos estadounidense, amenazan vidas y separan familias”, dijo tras las redadas en California el histórico Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW).

Ese terror ha llevado a aquellos trabajadores —los que no han sido deportados— de sectores como la agricultura, cuidado de ancianos, hotelería y otras industrias altamente dependientes de inmigrantes a ocultarse o a acudir con miedo a realizar sus labores.

Esto no sólo ha agravado la situación para los trabajadores indocumentados, sino también a las mismas industrias que dependen de esas manos que ahora ya no están a raíz de las políticas de Trump, causando un profundo impacto en la economía.

De acuerdo con un análisis difundido en julio por eel Economic Policy Institute, un organismo dedicado al análisis de la economía con sede en Washington, las deportaciones de Trump “eliminarán millones de empleos ocupados por trabajadores inmigrantes y nacidos en Estados Unidos”.

Tan sólo en el sector de la construcción, según el organismo, “el empleo en la construcción entre los nacidos en Estados Unidos caerá en 861,000 puestos, y el empleo entre los inmigrantes caerá en 1.4 millones”. Las entidades mayormente afectadas, una vez que el gobierno de Trump avance con más deportaciones, serán California, Florida, New York y Texas, advirtió el organismo.

“Es insostenible para el tejido social”

Otro ejemplo de las entidades donde las redadas han causado estragos para los inmigrantes y los sectores en donde trabajan es Florida. Ahí, la situación para los indocumentados es igualmente difícil.

Una de las redadas más criticadas ocurrió a finales de mayo en un sitio donde se construyen residencias para estudiantes en Tallahassee, la capital del estado.

Agentes de ICE activaron un operativo en el que persiguieron a los trabajadores de la construcción, los formaron en una fila y uno a uno les exigieron documentos para acreditar su estatus migratorio. La agencia reportó después del operativo que arrestó a “más de 100 inmigrantes ilegales”.

Tras el operativo, organismos civiles protestaron frente al Capitolio exigiendo un alto a las redadas de ICE en el estado y más aún en sitios de trabajo.

Thomas Kennedy, de la Florida Immigrant Coalition (FLIC), una organización que defiende los derechos de los inmigrantes con sede en Miami, dijo que la situación ocasionada por las redadas en ese estado y otras regiones es “insostenible para el tejido social y cultural” de Estados Unidos.

Kennedy dijo que tan sólo en Florida más del 50% de la fuerza laboral en el sector agrícola está compuesta por “no ciudadanos”, es decir, inmigrantes indocumentados o con algún tipo de visa.

Las redadas de Trump, dijo Kennedy, no han hecho más que agravar una tendencia de falta de trabajadores que ya se venía acentuando en Florida desde hace algunos años por las realidades demográficas de la entidad.

En Florida, la Oficina de Investigación Demográfica y Económica reportó en su “revisión económica” anual que la tasa de muertes rebasó en 2024 la tasa de natalidad, además de que la población joven está dejando cada vez más la entidad.

“La única forma de aliviar este declive en la población es por migración”, dijo Kennedy, citando los hallazgos del reporte oficial.

Un estudio del organismo sin fines de lucro KFF, dedicado a la investigación de políticas de salud pública, reveló que en 2022 1 de cada 10 trabajadores en Florida y en Texas —donde también han arreciado las redadas— eran “no ciudadanos”, es decir, inmigrantes documentados e indocumentados.

En Florida, en particular, reportó que esos “no ciudadanos” representaron aproximadamente el 12% de la fuerza laboral total. Desglosado por sector, el 34% de los trabajadores en la construcción eran “no ciudadanos”, mientras que en la agricultura y la pesca representaron el 47% y el 17% en el transporte.

Para Kennedy, el sector agrícola, principalmente, se está volviendo más crítico de las políticas de migración del gobierno de Trump ante los efectos negativos que están teniendo en la mano de obra.

“No es sólo un interés en los derechos humanos”, dijo Kennedy. “Pero para ellos es su interés financiero, sus negocios dependen de ellos”.

Entre los inmigrantes, dijo el activista, los trabajadores indocumentados que aún están en la entidad no tienen más opción en el contexto actual que salir a trabajar “con miedo” o decidir no acudir al trabajo luego de redadas en los sitios de trabajo. “Esto ha creado mucho caos”, sostuvo Kennedy.

La realidad, sostuvo Kennedy, es que el gobierno federal parece no tomar en cuenta los efectos reales de sus políticas antiinmigrantes, que afecta tanto a las industrias como a los inmigrantes.

“No tienen realmente una alternativa a esta economía que depende, a uno le guste o no, de labor inmigrante y en muchas ocasiones de labor inmigrante indocumentada”, declaró. “Más allá del impacto económico que es insostenible, es insostenible para el tejido social y cultural del país”.

“Una carencia de cuidadores increíble”

María Rodríguez, una inmigrante originaria de México cuya identidad ha sido protegida con un nombre ficticio para este reporte, ha trabajado en el sector de cuidados de personas discapacitadas en California por más de una década, desde que llegó sin documentos a la entidad.

A lo largo de ese tiempo, dijo, ha visto cómo la vida se ha vuelto más difícil para los inmigrantes indocumentados que buscan trabajar para enviar dinero a sus familias en sus países de origen. Pero la situación nunca había sido tan grave como ahora, dijo la inmigrante, quien se recibió como médico general en México.

“He visto muchísimos cambios”, dijo sobre su tiempo en Estados Unidos. “Pero ahora hay muchísimo miedo por las acciones que se han visto más reales”.

El miedo a las deportaciones y las expulsiones mismas, sostuvo, han resultado en “una carencia de cuidadores increíble, porque algunos se han mudado o porque algunos otros no tienen permisos”.

En California, alrededor de 1 de cada 3 empleos está ocupado por inmigrantes, de acuerdo con la organización dedicada al análisis de datos gubernamentales USAFacts. Además de la falta de cuidadores, capataces en granjas del estado han reportado falta de trabajadores tras las intensas redadas recientes.

De acuerdo con el centro de análisis Pew Research Center, los inmigrantes indocumentados hasta 2022 representaron el 7% de la fuerza laboral total en ese estado, lo que equivale a unos 1.8 millones de trabajadores sin estatus migratorio.

A nivel nacional, se estima que en 2022 los inmigrantes sin autorización representaron el 4.8% de la fuerza laboral.

Muchos inmigrantes indocumentados se fueron del país, fueron deportados o simplemente han decidido esconderse y dejar los empleos que tenían en busca de otros que impliquen un menor riesgo de ser descubiertos por las agencias federales de inmigración, dijo.

Para ella, tanto el sistema de gobierno como quienes la han contratado por años para cuidar a sus seres queridos a un bajo costo revelan una “hipocresía” en el trato a los inmigrantes que, como ha sido su caso, se dedican a ver por el bienestar de adultos mayores y personas discapacitadas.

Ella ha buscado regularizar su situación migratoria, dijo, pero ha sido difícil navegar el sistema para poder tener mayor tranquilidad y dedicarse libremente a su trabajo.

Ahora más que nunca acude con miedo a su trabajo diario, dijo, además de que ya no sabe si su sueño de obtener un estatus migratorio permanente sea posible, por lo menos en lo que queda del gobierno de Trump.

“Ya no hay credibilidad en el sistema”, dijo la inmigrante, quien en los últimos nueve años ha cuidado a un menor estadounidense con discapacidad en San Francisco.

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