"Los derechos más básicos en riesgo": los ciudadanos también sufren prejuicio racial por redadas migratorias

Los crecientes operativos federales migratorios en ciudades del país para arrestar inmigrantes indocumentados no sólo podrían violar los derechos de esas personas, sino que también dejan a los ciudadanos estadounidenses vulnerables a violaciones de sus garantías, coincidieron expertos.

El gobierno de Donald Trump ha ordenado el despliegue de fuerzas federales para arrestar a inmigrantes sin papeles en distintas ciudades, siendo el caso más notorio el de Los Ángeles y otras regiones del sur de California.

Desde que la administración de Trump desplegó fuerzas en Los Ángeles se ha desatado una dura reacción por parte de organismos de defensa de los derechos de los inmigrantes por la forma en la que han sido llevados a cabo algunos de los arrestos.

Por ejemplo, videos difundidos ampliamente en las redes y en medios de comunicación tradicionales muestran a agentes encapuchados rompiendo los cristales de los vehículos donde transitaban los inmigrantes con sus familias para bajarlos por la fuerza.

Pero en otros casos, según defensores de derechos humanos y de críticos del gobierno, los agentes han arrestado a ciudadanos estadounidenses sólo por su apariencia física, algo que la administración de Trump niega.

El arresto de ciudadanos, aunque haya sido breve, como resultado de esos patrullajes, ha encendido las alarmas de organismos defensores de los derechos civiles por lo que representa para el respeto a la garantías de los ciudadanos por parte del gobierno.

“Es muy difícil conciliar cómo funcionan estas políticas con esos derechos básicos”, dijo a Univision Noticias Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI), organismo de investigación de políticas sobre migración con sede en Washington.

Bush-Joseph consideró que los casos citados, por ejemplo, en la demanda por grupos defensores de los derechos civiles y de inmigrantes revelan los riesgos que presentan los patrullajes indiscriminados para los ciudadanos.

“El cambio de táctica y este enfoque realmente coordinado en la rápida aplicación de las leyes de inmigración significa que el riesgo de errores es más alto”, dijo. “Lo que estamos viendo es un subproducto de esta presión que tienen los agentes de ICE para arrestar y deportar a tantas personas como puedan lo más rápido posible”.

“Un entorno inhóspito para las personas”

El “entorno inhóspito” que el gobierno de Trump busca crear para los inmigrantes indocumentados con sus patrullajes y redadas termina por impactar la forma en la que viven algunos ciudadanos estadounidenses, como ha ocurrido en Los Ángeles.

Ese ambiente hostil ha llevado a algunos a “autodepurarse”, pero a algunos ciudadanos los ha obligado a evitar ciertas áreas o modificar su estilo de vida, declaró.

“Esto de alguna manera vuelve a las protecciones constitucionales básicas que creo que muchos de los ciudadanos estadounidenses, honestamente, a menudo terminan dando por sentado algunas cosas”, dijo la analista.

“Como los derechos al debido proceso de los ciudadanos estadounidenses, el derecho a evitar la detención ilegal y el derecho a permanecer en silencio”.

Tal fue el caso de al menos uno de los dos ciudadanos estadounidenses que fueron citados en la demanda contra el despliegue federal de Trump en Los Ángeles.

La demanda interpuesta por grupos civiles se centra en el arresto de tres inmigrantes y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue detenido por agentes de ICE pese a que les mostró una identificación que certificaba su nacionalidad estadounidense.

Los demandantes acusaron al gobierno de utilizar en sus redadas tácticas “inconstitucionales” que, según dicen, incluyen la detención de personas basándose en su raza, arrestos sin orden judicial y negar a las personas el acceso a abogados.

“Hombres armados y enmascarados en autos sin identificación han llegado a nuestra comunidad y han detenido y acorralado a personas de todos los ámbitos de la vida, a menudo a punta de pistola y sin justificación alguna”, dijo Mohammad Tajsar, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California al interponer la demanda.

El gobierno niega las acusaciones, aunque hay videos que muestran la violenta forma de actuar de los agentes de ICE en Los Ángeles y en ciudades de Chicago, donde un agente de ICE mató a un inmigrante de origen mexicano que se resistió a la detención arrollando al oficial.

En Los Ángeles el caso del ciudadano Brian Gavidia, de raíces hispanas, causó conmoción luego de que un video tomado por un amigo suyo el 13 de junio lo mostró siendo empujado contra una cerca por agentes federales mientras gritaba: "¡Nací aquí en los Estados Unidos!"

Gavidia, aterrorizado, fue liberado unos 20 minutos después de que tuvo que demostrar a los agentes que sí era ciudadano, del mismo modo que le pasó a otro ciudadano detenido en un lavadero de autos en Los Ángeles, de acuerdo con la demanda.

El caso de la demanda en Los Ángeles llegó hasta la Corte Suprema luego de que una jueza federal restringió las redadas de ICE en Los Ángeles, pero el máximo tribunal revirtió el fallo inferior que había prohibido la detención de personas en función de su raza, idioma, trabajo o ubicación.

La oposición liberal en la Corte

La fiscal general Pam Bondi consideró la decisión de la Corte Suprema una "victoria masiva” para el gobierno. "Ahora, ICE puede seguir llevando a cabo patrullas itinerantes en California sin microgestión judicial", escribió en sus redes sociales.

Para la jueza liberal de la Corte, Sonia Sotomayor, la decisión de la mayoría (6-3), dejó “innecesariamente” a muchas más personas vulnerables a arrestos basados en “apariencia, su acento y el hecho de ganarse la vida con trabajo manual”.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios", escribió la jueza”, dijo Sotomayor en su escrito de disenso, que fue suscrito por sus dos colegas liberales.

El miedo cambia la vida de los hispanos

Allen Orr, abogado migratorio en Washington D.C., dijo que, aunque la Constitución sigue siendo la misma, el gobierno ha implementado una forma de perseguir a inmigrantes que va en contra de lo establecido ahí.

“Para enmarcar el tema correctamente, los derechos individuales en general, lo que dice la Constitución no ha cambiado, pero sí ha cambiado la forma en que los agentes pueden ejercer su control”, dijo. “Ahora tienes que demostrar tu inocencia en lugar de que se demuestre tu culpabilidad”.

Para Orr, las garantías individuales de los ciudadanos están en decadencia en el país.

“Es un momento preocupante y representa una disminución de los derechos de individuos que parecen similares a los que viven cerca o en comunidad con un gran número de personas que potencialmente podrían estar indocumentadas en los Estados Unidos”, dijo.

Bush-Joseph, por su parte, coincidió en que el momento por el que pasa Estados Unidos ha modificado la manera en la que viven estadounidenses e indocumentados por igual.

“La política migratoria de Trump está cambiando la forma en que vive la gente y va más allá de los inmigrantes”, declaró. “También está afectando a los estadounidenses”.

En este contexto, los ciudadanos, sin embargo, deben estar preparados para verse en una situación en la que tengan que probar que, en efecto, nacieron en suelo estadounidense.

“Entonces, con respecto a eso, tenga su pasaporte, tenga su certificado de nacimiento, para saber que usted es ciudadano de los Estados Unidos”, recomendó Orr.

Al protestar, en caso de hacerlo, los ciudadanos también deben ser “inteligentes”, mientras que, para los inmigrantes indocumentados, no es momento de involucrarse en manifestaciones, recomendó el abogado.

Para Bush-Joseph, del MPI, el simple hecho que no sólo los inmigrantes indocumentados, sino los ciudadanos ahora tengan que pensar dos veces antes de salir a protestar, representa un retroceso.

“Esa podría ser otra área donde estas protecciones constitucionales básicas están en tensión con el impulso a la aplicación de la ley migratoria”, declaró.

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