La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, fue quien decidió que decenas de venezolanos fueran expulsados a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal que exigía detener la operación, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).
Kristi Noem dio la orden final de expulsar a cientos de venezolanos a El Salvador pese a la oposición de un juez, según el DOJ
El documento justifica lo ocurrido alegando que “específicamente, la orden escrita del tribunal no pretendía exigir el regreso de detenidos que ya hubieran sido expulsados, y la orden oral anterior no era una medida vinculante, especialmente después de la orden escrita”.

El documento presentado por los abogados del gobierno el martes afirma que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el ex alto funcionario del DOJ Emil Bove transmitieron a Joseph Mazzara, abogado general interino del DHS la orden oral emitida por el juez federal James Boasberg el 15 de marzo, así como la resolución escrita que emitió a continuación para detener la expulsión de presuntos miembros del grupo criminal 'Tren de Aragua' bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII invocada por Trump en marzo.
También ofrecieron asesoramiento legal a Mazzara, quien a su vez transmitió estas recomendaciones, junto a su propia opinión, a Noem. Pero la secretaria finalmente decidió que los aviones que ya habían salido antes de la orden judicial no se dieran la vuelta y completaran su ruta hasta El Salvador.
“Tras recibir ese asesoramiento legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos bajo la AEA que habían sido expulsados de Estados Unidos antes de la orden del tribunal pudieran ser transferidos bajo custodia de El Salvador”, detalla el documento judicial del DOJ.
El documento justifica lo ocurrido alegando que “específicamente, la orden escrita del tribunal no pretendía exigir el regreso de detenidos que ya hubieran sido expulsados, y la orden oral anterior no era una medida vinculante, especialmente después de la orden escrita”.
A pesar de la orden del juez, decenas de inmigrantes fueron trasladados en tres aviones hacia El Salvador, por lo que el juez Boasberg anunció que podría abrir una investigación por desacato contra los funcionarios del gobierno de Trump que autorizaron los vuelos.
La semana pasada, el juez anunció que pretendía reactivar los procedimientos por desacato penal, por lo que el documento del Departamento de Justicia busca proporcionarle a Boasberg la información que llevaba meses solicitando, después de que una corte de apelaciones rechazara restablecer la orden original del juez pero sí le permite continuar investigando los hechos. Un tribunal de apelaciones había congelado anteriormente la decisión del magistrado de investigar al gobierno por desacato con una suspensión de emergencia.
El documento presentado el martes llega 255 días después de las expulsiones a El Salvador y revela por primera vez quién tomó la decisión final. Pero asegura que el asesoramiento legal dado a Noem “no violó la orden del tribunal, y mucho menos constituye desacato”.
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La administración Trump defiende que usó legalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, pero varias cortes y organizaciones defensoras de inmigrantes aseguran que no hubo debido proceso. Esto, y en especial una demanda, llevó al juez Boasberg a ordenar que se detuvieran las deportaciones, e incluso, que regresaran los aviones que ya habían partido hacia El Salvador con los migrantes a bordo, pero estos continuaron hacia el país centroamericano.
El gobierno niega haber violado la orden y afirma que existían diferencias entre lo que Boasberg dijo oralmente y lo que escribió, ya que en su orden escrita no reitera específicamente que los aviones que ya habían partido debían regresar, algo que sí decía en la orden oral.
La ACLU pide que varios funcionarios del DHS y del Departamento de Justicia testifiquen sobre la decisión de no devolver los aviones, incluido el exabogado Erez Reuveni, quien ha denunciado intentos del departamento de desafiar a los jueces. El Departamento de Justicia dice que no es necesario escuchar testimonio en vivo por ahora.






