El pasado 7 de junio, los gobiernos de ambos países acordaron reducir considerablemente el flujo de centroamericanos y así evitar la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos. Esta decisión está afectando a los más de 3,000 migrantes de la isla que permanecen hacinados en casas de refugio en diferentes puntos de la frontera desde hace varios meses.