Después de analizar el caso en el que se acusaba al plantel de violar la ley estatal que exige a un oficial armado en la puerta de los centros educativos, los miembros de la asamblea decidieron que el lugar puede seguir abierto, pero bajo una estricta supervisión. Los directivos de Ben Gamla aseguran que ya tienen un contrato con una nueva compañía de seguridad que cumple con todos los requisitos.