La asamblea estatal aprobó una normativa que prohíbe las ciudades santuario y obliga a que las diferentes agencias policiales locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), o de lo contrario pueden ser sancionadas. Una medida a la que se le suma un nuevo programa nacional, conocido como 'Warrant Service Officer', que abre la puerta a que oficiales entreguen a indocumentados, incluso si los gobiernos locales no lo permiten.