Representando a las familias de heridos y fallecidos durante el tiroteo, un grupo de 13 abogados se reunió en una oficina de Fort Lauderdale para anunciar las múltiples demandas contra entidades como la Junta Escolar, la Oficina del Alguacil y la policía escolar, así como la clínica de salud donde aparentemente era tratado Nikolas Cruz, señalado de la masacre.