Un juez de distrito dictaminó este martes que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de deportación que el Congreso de EEUU ha implementado, lo que pone en riesgo a cualquier persona que tenga orden de deportación aunque haya sido perdonada en el pasado.
Fallo judicial pone en riesgo a quienes tienen orden de deportación
Un abogado de inmigración del sur de Florida explica los alcances del fallo de un juez de distrito que dictaminó que el gobierno federal no tienen autoridad para modificar las leyes de deportación, que el Congreso ha implementado. Millones estarían en peligro de deportación.
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“Lamentablemente esta es una decisión que tiene un impacto nacional, de un juez del distrito sur de Ohio, que básicamente bloquea la implementación de las prioridades de deportación que la administración del presidente Biden, a través del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habían establecido desde septiembre 30 del 2021”, explica el abogado de inmigración José A. Guerrero.
Guerrero agrega que esto significa que el gobierno deberá empezar a hacer deportaciones, pues la discreción que se había establecido ha sido limitada por el fallo, tras una demanda de los estados de Arizona, Montana y Ohio.
“Estos estados argumentaron que esto era una violación a la ley de inmigración, la cual le correspondía específicamente al Congreso y no al gobierno, pues el Congreso había sido claro en su ley de que las personas que tienen esta condición o tienen una orden final de deportación, tienen que ser deportadas”, continúa Guerrero.
La decisión también bloquea la discreción que tienen oficiales para liberar a los extranjeros que están en proceso de deportación, ya sea bajo fianza o supervisión.
El experto recomienda a las personas que están en esta situación, que han cometido un crimen o están en detención, o tienen una orden final de deportación, que consigan un abogado de inmigración lo antes posible. Estas personas podrían aplicar a un paro de deportación por razones humanitarias.
De acuerdo con el fallo, el gobierno deberá acatar la orden y poner en los próximos días en marcha algún método o sistema para poder ejecutar la orden.
Pero se espera que la administración Biden apele la decisión, ya que cada administración define cuáles son sus prioridades de deportación.
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