La jurista Claudia Cañizares asegura que las medidas que entraron en vigor el 1 de diciembre y que se enfocan, principalmente, en aquellos que realizan la petición familiar de un refugiado asilado, solo afectarán los tiempos de espera, los cuales ahora podrían ser de hasta uno o dos años. Agrega esperar que con el cambio de gobierno se registren modificaciones en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (UCIS).