El nuevo Código Penal, que fue aprobado en mayo y entró en vigor el 1 de diciembre, anticipa un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona que critique a las autoridades cubanas, dice Amnistía Internacional. Este, que sustituye al de 1987, aumenta las penas mínimas para la mayoría de los delitos que se usan para acusar a quienes se oponen al régimen.