Una demanda anunciada por fiscales de 20 estados pudiera detener en una corte federal el nuevo programa de parole humanitario, que beneficia actualmente a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, se unió a esta acción legal y, a través de un comunicado, indicó que “seguiremos luchando en los tribunales para obligar a este presidente a seguir las leyes de inmigración de seguridad pública”.