Operativo de ICE en Los Ángeles de cinco días concluye con 212 indocumentados arrestados
LOS ÁNGELES, California.– Durante un operativo de cinco días, que marca el inicio de una ofensiva del gobierno fereral contra la política de estado santuario en California, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a 212 indocumentados en el área de Los Ángeles luego de visitar viviendas y hacer al menos 122 inspecciones en negocios revisando permisos de trabajo.
Desde el domingo pasado, ICE inició una operación enfocada en detener inmigrantes sin papeles que enfrentan procesos de deportación y "criminales que amenazan a la seguridad pública". Para el martes ya habían realizado más de 100 arrestos y este jueves concluyeron la misión duplicando la cifra. De los detenidos, la agencia afirma que el 80% son criminales convictos, entre los que cuenta a quienes han reingresado al país después de haber sido deportados y a los que tienen órdenes de derpotación.
De esos 195 inmigrantes con historial, el 55% tenía una sentencia anterior por crímenes graves o violentos, como abuso sexual infantil, cargos relacionados con armas, ataques, agresiones o fueron convictos por múltiples cargos menores, indicó la dependencia en un comunicado.
"Porque jurisdicciones santuario como Los Ángeles previenen a ICE de arrestar a criminales en los confines seguros de una cárcel, nuestros agentes están forzados a conducir arrestos de prófugos en la comunidad, poniendo en mayor riesgo a nuestros oficiales, al público general y a los mismos individuos e incrementando los incidentes de arrestos colaterales", dijo el director interino de la agencia, Thomas Homan.
Desde que California se conviritó en estado santuario en enero, Homan advirtió que aumentarían significativamente los operativos y redadas en centros de trabajo. "Están a punto de ver a muchos más agentes especiales, muchos más agentes de deportación", agregó en ese entonces el funcionario sin precisar la cantidad de oficiales que enviarían.
Este viernes al anunciar el fin de la operación, Homan hizo énfasis en esa advertencia usando los mismo argumentos: "Menos arrestos en las cárceles significan más arrestos en las calles, lo que también requiere más esfuerzos, por lo que nos vemos forzados a enviar recursos adicionales a esas áreas para cumplir con las necesidades operativas y la seguridad de los agentes".
La visita de ICE a las 122 empresas en Los Ángeles se suma a otras 77 compañías en el valle central y el norte de California que a finales de enero recibieron notificaciones de auditorías, con el fin de buscar indocumentados en sus nóminas. Antes, la ofensiva inició en unas 100 tiendas 7-Eleven, el operativo más grande contra un empleador bajo la administración Trump.
La agencia indicó que su plan es aumentar hasta en un 400% sus acciones en lugares de trabajo, para identificar, detener y deportar a quienes están aquí sin documentos adecuados. Según ICE, con estas incursiones se castiga a los empleadores que contratan a indocumentados, se desalienta la inmigración ilegal y procura que los empleos solo se ofrezcan a quienes tienen permiso.
Un aviso de inspección alerta a los dueños de negocios que ICE va a auditar sus registros de contratación para determinar si cumplen con la ley y les da tres días hábiles para demostrarlo.
"Si se determina que las empresas no cumplen con la ley, enfrentarán multas civiles y posibles acciones penales. Cualquier posible cargo criminal u otras sanciones se coordinarán con el Departamento de Justicia", señaló ICE en un comunicado.
ICE realizó 1,360 auditorías a empleadores e hizo 139 arrestos criminales y 172 administrativos. La agencia señala que se les ordenó a las empresas pagar 97.6 millones de dólares en confiscación judicial, multas e indemnización y $7.8 millones en multas civiles, incluyendo una compañía cuyas sanciones financieras representaron el pago más grande jamás impuesto en un caso de inmigración.
Según estadísticas oficiales, el punto más alto de auditorías a empresas se alcanzó en 2013, bajo la administración Obama, cuando se realizaron más de 3,100.
"A pesar de las leyes estatales como la AB 450 (política de estado santuario) que pretenden interferir con las autoridades federales encargadas de la imposición de las leyes de inmigración, ICE espera que los empleadores y los funcionarios estatales cumplan con la ley federal", indicó ICE.
Por su parte, el fiscal general de California, Xavier Becerra, sigue defendiendo las políticas de estado santuario y advirtió a las empresas que no obedecer la ley estatal, permitiendo acceso a agentes de ICE a áreas no públicas del sitio de trabajo o a registros privados de empleados, podría resultar en una multa de hasta 10,000 dólares.
Respondiendo dudas sobre la AB 450, Becerra y la comisionada estatal del Trabajo, Julie Su, publicaron una guía dirigida a los empleadores. En esta se indica que los jefes están obligados a notificar a todos sus empleados sobre las auditorías de ICE en el plazo de 72 horas que les dio la agencia para mostrar datos de su nómina y en el idioma que usan para comunicarse con sus trabajadores.
"La Ley de Protección al Trabajador Inmigrante busca ante todo proteger la privacidad de los californianos en el lugar de trabajo", señaló Becerra. "La AB 450 trabaja en conjunto –no en conflicto– con nuestra Constitución y las leyes federales", agregó.
