De un día para otro, Claudia tenía una deuda con el gobierno de Estados Unidos que no podía pagar. Para evitar inconvenientes, por un adeudo de 1.8 millones de dólares que le llegó a su casa en mayo pasado, se inscribió al CBP-ONE para salir del país y regresar a México.
Multas por 84 mil millones: El plan de EE. UU. para rastrear y cobrar a migrantes fuera de sus fronteras
El posible seguimiento se realizará a través de agencias registradas legalmente, las cuales notificarán a las personas consideradas como deudores el monto que adeudan y en qué instancia del gobierno estadounidense pueden cubrir el monto.
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Esa decisión aparentemente la había protegido de cualquier repercusión legal en su contra, pero ahora parece que puede llegar a su fin y enfrentar a la justicia estadounidense.
Y es que el gobierno de Estados Unidos busca contratar investigadores privados para localizar a los inmigrantes deportados y a otras personas que han abandonado Estados Unidos, y presionarlos para que paguen las deudas que tienen con el gobierno.
Adeudos superan los 84 millones de dólares
Claudia es una de las personas que el gobierno considera deudoras. Ella se enteró de que ese registro sigue vigente, porque vio en las noticias que todas las personas con un pago pendiente al gobierno lo mantienen activo hasta que sea liquidado.
“Estoy viendo en las noticias que no le quitan la deuda”, explicó.
Hasta el mes de julio, el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber impuesto multas por más de 84,000 millones de dólares a inmigrantes acusados de no haber abandonado Estados Unidos.
N+ Univisión consultó con la agencia fronteriza el tema. En respuesta a múltiples preguntas, respondió con un comunicado en el cual dice que respalda las acciones legales para que se salden los adeudos.
“CBP respalda los esfuerzos para garantizar que las personas cumplan con sus obligaciones legales, incluido el pago de multas relacionadas con inmigración y otras deudas contraídas con el gobierno de Estados Unidos”, menciona el documento.
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Programa piloto iniciará en tres países
Para Ángel Leal, abogado constitucionalista, ese tipo de cobros “es un mensaje de intimidación”.
Según el documento, los investigadores privados deberán tomar fotografías de las casas y lugar de trabajo de los deudores para verificar su identidad y dirigirlos a la página pay.gov donde deben realizar su pago.
Uno de los requisitos para realizar los registros es que las agencias de investigación privadas deberán estar dadas de alta en Estados Unidos y ser capaces de localizar personas en México, Honduras y Guatemala, aunque después el trabajo se extienda a otros países.