Llamaron al 911 para pedir ayuda. La policía, sin embargo, los envió a un centro de detención de ICE

Este artículo fue publicado originalmente por The Marshall Project

El encuentro con los agentes del sheriff fue cordial al principio.

Axel Sánchez Toledo había llamado al 911 en diciembre para solicitar a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida, una verificación de bienestar (welfare check, en inglés) de su hija de 4 años. Compartía la custodia con su expareja y le habían dicho que su hija estaba enferma, según le contó a uno de los agentes mientras estaba junto a su novia y su hijo bebé.

El agente le hizo preguntas a Sánchez Toledo, tomó su licencia de conducir y desapareció dentro de una patrulla, según muestran las imágenes de la cámara corporal. Cuando el agente volvió a salir, ofreció otra resolución: acusó a Sánchez Toledo de estar indocumentado y dijo que quedaría detenido para ICE, según muestran los registros judiciales.

Sánchez Toledo salió corriendo, con los dos agentes persiguiéndolo. Utilizaron una pistola Taser con él, fue pateado y derribado, mientras su novia les suplicaba a los agentes que se detuvieran.

—“Por favor, amigos, no soy un criminal”, gimió Sánchez Toledo, insistiendo en que tenía documentación —un caso de asilo pendiente, explicó después su abogado—. “No quiero irme”.

—“¡Pues ahora ya es demasiado tarde, carajo!”, gritó uno de los agentes.

—“Él solo quería saber de su hija”, lloró su novia. “¿Por qué deben hacer esto?”.

El agente que arrestó a Sánchez Toledo formaba parte de la Fuerza de Tarea 287(g) de la oficina del sheriff, un acuerdo con ICE que permite a policías locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.

A medida que más agencias locales de seguridad pública se apresuran a unirse a la redada antiinmigración del presidente Donald Trump, arrestos como el de Sánchez Toledo revelan un panorama de seguridad pública que cambia rápidamente: las interacciones rutinarias con la policía están dejando vulnerables a la detención y al arresto incluso a algunas víctimas de delitos y personas que llaman al 911 en busca de ayuda, según ha descubierto The Marshall Project.

( On Dec. 28, 2025, the Palm Beach County Sheriff’s Office responded to a 911 call from Axel Sanchez Toledo asking for a welfare check on his daughter. Within the hour, an officer told him he was being detained for illegal immigration. Body camera footage from Palm Beach County Sheriff’s Office; Video edited by Jovelle Tamayo/The Marshall Project)

Atraídas en parte por los pagos federales, más de 1,100 agencias policiales en todo el país han firmado acuerdos con ICE, con la mayor concentración en los estados del sur. Según algunas estimaciones, el número de oficiales locales facultados para realizar arrestos migratorios en Estados Unidos ahora supera a los aproximadamente 12,000 nuevos agentes de ICE contratados durante esta administración.

Tomando prestado el manual de Trump, los funcionarios locales han dicho repetidamente que su objetivo es perseguir a los “malos”, y han intentado tranquilizar a los residentes preocupados asegurándoles que sigue siendo seguro llamar a la policía.

“No tengan miedo de la Oficina del Sheriff”, dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, en un evento comunitario el año pasado. “Si usted es víctima de un delito, estaremos allí para ayudarlo. No estamos allí para deportarlo”.

Pero en Florida, el estado que lidera el país en número de acuerdos firmados con ICE, la agencia de Bradshaw sirve como un claro reflejo de la rapidez con la que la ofensiva migratoria se está extendiendo hacia personas que buscan ayuda policial.

Entre las personas detenidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se encuentran un empleado de restaurante que reportó información sobre un posible robo, una madre que denunció un hurto y pidió ayuda para su hijo, una víctima de un delito que estuvo involucrada en un choque menor mientras llevaba a su hijo a la escuela, y Sánchez Toledo, quien también fue acusado de resistirse al arresto.

Solo alrededor de 150 de los 1,500 oficiales del departamento están facultados para realizar arrestos migratorios, según muestran los registros de la agencia, pero entre septiembre de 2025 y marzo arrestaron a un promedio de más de 60 inmigrantes por mes, una de las cifras más altas del estado. Desde la firma del acuerdo, el Departamento de Seguridad Nacional ha pagado a la Oficina del Sheriff casi 1 millón de dólares en reembolsos relacionados con inmigración y otros incentivos, según registros de pagos obtenidos por The Marshall Project.

El sheriff Bradshaw, un demócrata que ha ocupado el cargo durante más de dos décadas, no aceptó una entrevista para esta historia. En cambio, su oficina envió a The Marshall Project un video de relaciones públicas de marzo, en el que Bradshaw dijo que la agencia detendría a personas “en el curso normal de sus actividades” si eran buscadas por ICE. “Nuestro énfasis está en los malos”, dijo Bradshaw. “Las personas involucradas en narcóticos y actividades de pandillas”.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Sánchez Toledo ahora estaba sujeto a procedimientos de deportación. El correo también afirmaba que “los inmigrantes ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Después de que las tácticas agresivas de ICE en Minneapolis y otras ciudades enfrentaran una fuerte reacción pública, los acuerdos de colaboración con las policías locales han surgido como una forma más discreta para que la administración haga cumplir la ley federal de inmigración, sin generar el mismo nivel de escrutinio.

Los acuerdos de la 287(g) Task Force han existido durante años en una forma más limitada. La administración Obama suspendió el programa después de descubrir que varios departamentos locales habían participado en perfiles raciales y abusos de derechos civiles. Entre ellos se encontraba la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en Arizona, donde el entonces sheriff Joe Arpaio transformó notoriamente a la agencia en un brazo de aplicación de leyes migratorias. La primera administración Trump reinició el programa. En este segundo mandato, la administración está ofreciendo reembolsos de costos y pagos de incentivos, alentando a las agencias a ejecutar las directivas de ICE tan frecuentemente como puedan.

Pero los críticos del programa dicen que las preocupaciones sobre perfiles raciales y abusos de derechos civiles persisten, ahora en un entorno regulatorio y político enormemente diferente. La capacitación para los oficiales locales en el programa es ahora más corta que bajo administraciones anteriores. Trump ha desmantelado la división del Departamento de Justicia que investiga a departamentos locales por posibles abusos de derechos civiles. Y el Departamento de Seguridad Nacional eliminó efectivamente a su organismo interno de supervisión, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, dejando al programa de fuerzas de tarea de ICE con menos supervisión, según Peter Mina, un exfuncionario del DHS.

“No es como si les faltara dinero. Así que creo que si quisieran destinar recursos a esto, podrían hacerlo. Simplemente no lo hacen porque lo ven solo como un obstáculo”, dijo Mina, un exsubdirector del organismo de supervisión, que anteriormente realizaba inspecciones e investigaciones de las agencias locales de fuerzas de tarea.

La exhibición de tácticas brutales por parte de muchos agentes de ICE, combinada con la falta de capacitación y supervisión, dijo Mina, envía un mensaje claro a las fuerzas del orden locales participantes: “El mensaje es [háganlo] por cualquier medio necesario”.

Varios estados —incluido Florida— han aprobado leyes que requieren o alientan a las agencias locales de aplicación de la ley a firmar acuerdos con ICE. En Florida, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han actuado contra municipios que se negaron o intentaron establecer políticas que limitaran las acciones de control migratorio.

A medida que los oficiales locales se han involucrado más en esfuerzos antiinmigración, algunas comunidades se han vuelto cada vez más temerosas de la policía.

Mariana Blanco, directora de operaciones del Guatemalan-Maya Center, un grupo de defensa y ayuda en Lake Worth, Florida, dijo que los acuerdos en Palm Beach han cambiado la relación de los agentes con la comunidad, y que muchos residentes ahora evitan denunciar delitos.

“En el pasado, siempre decíamos que había que llamar a PBSO (la oficina del Sheriff de Palm Beach). Pero ahora lo pensamos dos veces, incluso cuando se trata de un delito que antes habríamos denunciado”, dijo Blanco. “Porque hemos visto muchas veces que quienes vienen terminan perjudicándolos en lugar de ayudarlos”.

Las cifras recopiladas por el estado no indican cuántos inmigrantes detenidos por agencias locales habían llamado a la policía para denunciar un delito o pedir ayuda. Pero numerosos abogados en toda Florida describieron clientes que fueron detenidos después de denunciar delitos o llamar al 911. La mayoría de sus clientes estaban demasiado asustados para hablar públicamente, alegando temor a represalias.

The Marshall Project revisó decenas de reportes de incidentes y delitos y entrevistó a defensores, abogados e individuos en el condado de Palm Beach que tuvieron encuentros con la Oficina del Sheriff. Describieron a agentes deteniendo regularmente a personas para interrogarlas, a veces señalando infracciones menores o sin citar ninguna razón en absoluto. En registros de varios encuentros revisados por The Marshall Project, los agentes ignoraron las afirmaciones de las personas de que tenían documentación y las detuvieron de todos modos.

En diciembre, un padre llevaba a su hijo a la escuela cuando tuvo un pequeño choque automovilístico y permaneció en el lugar esperando a la policía.

Siete años antes, el padre y su familia habían recibido una certificación para una visa U de la Oficina del Sheriff de Palm Beach después de que su esposa fuera víctima de un tiroteo, muestran los registros de visas. La pareja —Ramon y Elsy— pidió ser identificada solo por sus nombres de pila, citando temor a represalias. Trabajaron estrechamente con detectives del sheriff para procesar al atacante. Su solicitud de visa fue aprobada, dijo su abogado.

Así que cuando un agente llegó a la escena del choque en diciembre, Ramon explicó que tenía documentación. “Sabes lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?”, se ve al agente decirle en las imágenes de la cámara corporal, mientras se limpiaba las uñas con la licencia de conducir de Ramon. “Deberías llevar esas cosas contigo”.

Ramon dijo que podía conseguir una copia de los documentos de procesamiento de la visa U y llamó a su esposa para pedirle que se los enviara. Pero el agente no esperó a ver los registros. En cuestión de minutos, esposó a Ramon y lo acusó de estar en el país ilegalmente. Ramon pasó cerca de tres meses detenido antes de ser liberado. Dijo que nunca recuperó su licencia de conducir.

La pareja dijo que antes confiaba en los agentes de policía. Ahora les tienen miedo.

“¿A quién vamos a llamar si nos pasa algo, si no queremos llamar a la policía, que se supone debe protegernos y hacernos sentir seguros?”, dijo Elsy en español.

Están lejos de ser los únicos residentes locales que dicen que ahora evitan a la policía. En varios arrestos revisados por The Marshall Project, las personas huyeron al ver a los agentes, temiendo ser deportadas. Entre ellas había una mujer que vendía comida casera desde la parte trasera de su automóvil y un hombre que regresaba a casa en bicicleta desde una tienda sin una luz delantera funcionando.

Los agentes los acusaron penalmente de resistirse al arresto, otra vía de entrada hacia ICE. Los abogados defensores del condado de Palm Beach dijeron que recientemente han visto un aumento en este tipo de casos. “Ven aquí, no soy ICE”, intentó asegurar un agente a un hombre que estaba en una tienda CVS cuando se reportó un incidente de robo. El hombre intentó huir y los agentes lo alcanzaron, lo golpearon hasta que obedeció y lo arrestaron bajo el cargo de resistirse al arresto, según muestran los registros del incidente. Los expedientes judiciales muestran que el hombre fue transferido a la custodia de ICE.

Los abogados defensores dijeron que el ciclo de arresto y detención por parte de ICE ahora está saturando los tribunales locales con casos menores del tipo que suele presentarse durante esos arrestos. Sin embargo, muchos de esos casos quedan sin resolverse cuando las familias pagan la fianza, solo para ver cómo ICE detiene inmediatamente después a su ser querido.

“Es algo habitual que las personas paguen la fianza y simplemente desaparezcan”, dijo Tyler Obenauf, defensor público en el condado de Palm Beach. Él y otros abogados defensores dijeron que ahora aconsejan a sus clientes que también enfrentan una posible transferencia a ICE que no paguen la fianza.

“Les decimos: no paguen la fianza. Si la pagan, no van a salir; inmigración va a venir por ustedes”, dijo Obenauf. Añadió que, cuando un cliente desaparece en detención de ICE, puede volverse imposible preparar una defensa efectiva.

Las pruebas en estos arrestos rara vez se examinan minuciosamente. Pero en el caso de Sanchez Toledo, el padre que llamó al 911 para solicitar una verificación de bienestar, las imágenes de la cámara corporal ofrecen una visión de cómo algunas policías locales están actuando al detener personas para ICE.

Mientras Sanchez Toledo se quejaba del dolor causado por las esposas, el agente que lo arrestó insistió en esposarlo con un segundo par.

Después de que Sanchez Toledo fue subido a una ambulancia debido a sus lesiones, el agente tomó sus polvorientas botas vaqueras marrones y las levantó en el aire.

“Ahora ya no corre”, dijo el agente a otros oficiales antes de arrojar las botas al piso de su patrulla.

El oficial también abrió la puerta de un automóvil cercano, donde la novia de Sanchez Toledo estaba sentada en el asiento del conductor llorando y tratando de consolar a su hijo bebé. “Será mejor que te vayas, o vas a ser arrestada. Es hora de que te vayas. Él va de regreso a Honduras”, dijo el agente antes de cerrar la puerta de golpe.

Durante cuatro meses, Sanchez Toledo permaneció en la cárcel del condado de Palm Beach esperando juicio por el cargo de resistirse al arresto. El 29 de abril, los fiscales aceptaron retirar el caso, con la condición de que Sanchez Toledo escribiera una carta de disculpa al agente que lo arrestó. Sanchez Toledo aceptó.

“Lamento mucho lo ocurrido que lo puso en una situación complicada”, escribió su abogado, Isai Bonilla, traduciendo al inglés un dictado en español de Sanchez Toledo. “En ese momento, tenía miedo de ser separado de mis hijos. No supe cómo manejar la situación, ya que nunca había pasado por algo así antes. Respeté la ley y el orden de la policía”.

Los fiscales desestimaron rápidamente el cargo. Pero Sánchez Toledo permaneció en la cárcel de Palm Beach. El 1 de mayo, ICE lo detuvo, y ahora se encuentra bajo custodia migratoria, a la espera de una posible deportación. No ha hablado con su hija desde diciembre. La experiencia, dijo Bonilla, ha transformado por completo la manera en que Sánchez Toledo y su familia perciben a las fuerzas del orden.

“Pidieron ayuda y ocurrió exactamente lo contrario”, dijo Bonilla. “Todo esto los ha dejado traumatizados”.

Este artículo fue publicado en colaboración con The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Suscríbase a sus newsletters y sígalos en Instagram, TikTok, Reddit y Facebook.