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Corte Suprema

'Emails' privados de funcionarios sobre asuntos de gobierno son registros públicos, según Corte Suprema de California

El máximo tribunal californiano determinó este jueves que las comunicaciones privadas de las personas con gestión de gobierno quedan bajo el amparo de la ley de transparencia CPRA cuando tienen que ver con su trabajo.
2 Mar 2017 – 3:19 PM EST

LOS ÁNGELES, California.- La Corte Suprema de California declaró que los contenidos de las comunicaciones privadas de los funcionarios son accesibles bajo la ley de Registro Público (CPRA) estatal cuando traten sobre la gestión gubernamental y asuntos administrativos de interés ciudadano, según el fallo dado a conocer este jueves.

El pronunciamiento del máximo tribunal californiano contradice la sentencia de una corte de apelaciones que previamente había determinado que esos mensajes quedaban fuera del escrutinio público al no figurar en los archivos de las administraciones.

La Corte Suprema en San Francisco respondió así al caso que enfrentó a un ciudadano que en 2009 pidió a la ciudad de San José, en el norte de California, que se dieran a conocer los registros públicos de las comunicaciones realizadas entre funcionarios de esa localidad referentes a la gestión urbanística de esa rica localidad, en pleno Silicon Valley.

En esa petición, el solicitante reclamaba que se mostrara al público los correos electrónicos y los mensajes de texto enviados entre el alcalde, dos concejales y los miembros de sus equipos a través de sus cuentas privadas, cuando eran relevantes para conocer las decisiones tomadas por los mandatarios.

Hasta ahora la ley en California no aclaraba con detalle cuál era el estatus de esas comunicaciones privadas, que en otros estados sí se trataban ya como asuntos públicos. La decisión del tribunal abarca a cualquier información transmitida por escrito, independientemente del formato y la plataforma.


El fallo del tribunal

“Concluimos que las comunicaciones de un funcionario de una ciudad relacionadas con la conducta de un negocio público no dejan de ser de registro público simplemente porque se enviaron y se recibieron a través de cuentas personales”, explica el fallo firmado por siete magistrados.

Los jueces indicaron que, aunque no hay una ley que prohíba a los empleados públicos usar cuentas privadas para tratar asuntos de interés ciudadano, si se permitiera que se blindaran esas cuentas de la mirada de la gente, los cargos gubernamentales “podrían ocultar sus discusiones más sensibles y potencialmente dañinas en esas cuentas”, manifestó el tribunal.

La corte así mismo indicó que los ciudadanos tienen derecho a desconfiar de sus gestores públicos y que esa es la razón por la que se creó la ley de Registro Público (CPRA), para permitir transparencia en cómo los mandatarios hacen su trabajo.


“Un acceso abierto a los registros del gobierno es esencial para verificar que los cargos gubernativos actúan con responsabilidad”, dice el texto.

El derecho a la privacidad, según el tribunal, debe ser respetado y valorado “caso por caso” y su decisión solo es aplicable a cuestiones de gestión de interés público, fuera de las cuales quedan valoraciones personales, anécdotas y comentarios que los funcionarios pudieran hacer sobre cuestiones más superfluas, como por ejemplo qué piensan de otros compañeros.

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