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Estafa y Fraude

El condado de Los Ángeles propone regulaciones para evitar fraudes migratorios

Una moción intenta prevenir que los inmigrantes sean defraudados por los falsos notarios públicos que les prometen su residencia en EEUU.
13 Sep 2016 – 5:48 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Letreros y contratos que indiquen a sus clientes que no les pueden asesorar en asuntos migratorios, topes en sus tarifas y un proceso riguroso para extenderles licencias son algunas de las restricciones que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles quiere imponer a los ilegítimamente llamados 'notarios' y a las organizaciones que defraudan a los inmigrantes.

Este lunes, los cinco supervisores aprobaron por unanimidad una moción que pide a sus asesores legislativos redactar una iniciativa que trata de sumarse a distintos esfuerzos para prevenir los engaños contra los migrantes, que en ocasiones los ponen frente a procesos de deportación.

Impulsada por las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl, dicha propuesta simplificaría el proceso de enjuiciar y no otorgar licencias a los consultores que no cumplan con tales disposiciones.


Bajo la lupa están los operadores de las agencias de Notary Public, popularmente conocidos como 'notarios', con múltiples quejas por engaños y representación legal sin licencia. En California no está permitido que dichas empresas ostenten el título en español de 'notario público', a menos que sean abogados especializados al igual que en América Latina.

“Queremos tener una regla con la cual podamos detener a las personas que están abusando”, dijo Solís a Univision 34. “Muchas veces les piden 5,000 dólares garantizando la ciudadanía y no es cierto”, agregó la supervisora del condado.

“El condado de Los Ángeles es hogar de la mayoría de los ‘notarios’ y consultores de inmigración que no están cumpliendo con la ley estatal”, señaló Daniel Sharp, director legal del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).


Nancy Landa, expresidenta de estudiantes en la Universidad Estatal en Northridge (CSUN) que fue deportada a México en 2009, habló ante la Junta de Supervisores por medio de una grabación de vídeo. Landa, quien fue traída a este país por sus padres cuando tenía 9 años de edad, contó que su familia contrató a un consultor de inmigración para ayudar a llenar solicitudes de asilo, pero todos ellos terminaron con procesos de deportación.

“La enorme necesidad de servicios legales de inmigración, junto con la falta de regulación de los ‘notarios’, ha dejado a los migrantes vulnerables ante el fraude, con consecuencias devastadoras para ellos y sus familias. Esta ordenanza ayuda a protegerlos”, añadió.


La preocupación de las autoridades es que en Los Ángeles los defraudadores tienen un amplio sector para operar. Se estima que unos 800,000 residentes en esta jurisdicción son elegibles para la ciudadanía y que unos 50,000 cumplen con los requisitos para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa que otorga permisos de trabajo y de estadía en este país a jóvenes migrantes.

“A las víctimas se les da información imprecisa y se les pide pagar tarifas estratosféricas y cuando se dan cuenta del fraude no tienen dinero para contratar a un abogado para remediar el caso”, señaló por su parte la supervisora Kuehl.

La moción se presenta un mes después de que la reconocida activista Gloria Saucedo, fundadora de la organización Hermandad Mexicana Transnacional, fue condenada a dos años de libertad condicional por haber ofrecido servicios migratorios sin licencia.

Según la investigación, Saucedo cometió una serie de irregularidades que al menos en dos ocasiones perjudicaron seriamente a la situación migratoria de sus clientes, a los cuales les cobró miles de dólares.

“El mensaje es muy claro: ‘no abuses porque no habrá impunidad”, subrayó Solís.

La vulnerabilidad de los inmigrantes los convierte en presa fácil de los delincuentes.

De 2011 a mediados de 2015, la Comisión Federal de Comercio (FTC) recibió 204 quejas de fraude en trámites migratorios emitidas en el condado de Los Ángeles. Por su parte, la Procuraduría de California registra un promedio de 60 denuncias cad año.

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